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Un imputado por Mercasevilla cobró 68.000 euros por «dos o tres reuniones»

El imputado ha afirmado que también tuvo una reunión con el presidente del comité de Mercasevilla, Rafael Domínguez

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El excomercial de Vitalia Francisco José González García ha declarado hoy como imputado ante la juez Mercedes Alaya y ha asegurado que en 2008 cobró de Mercasevilla 63.800 euros por «dos o tres reuniones» con los trabajadores de la lonja para explicarles el plan de prejubilaciones.

El imputado ha afirmado que también tuvo una reunión con el presidente del comité de Mercasevilla, Rafael Domínguez, cerca de la casa de éste para explicarle los pormenores del contrato de los trabajadores de Mercasevilla con Vitalia, según ha declarado ante la juez.

Alaya, que investiga un delito societario en Mercasevilla, le imputa un delito de malversación de caudales públicos por haber recibido supuestamente a través de Hermes Consulting la cantidad de 111.630,45 euros por trabajos no realizados para el mercado mayorista.

El primer pago de esa cantidad se produjo en 2003, cuando cobró 12.020 euros por desbloquear las negociaciones con el comité de empresa para acudir al expediente de regulación de empleo que le había encargado la dirección de Mercasevilla, según el acusado.

El año siguiente asegura que cobró 29.810 euros sin que hiciera «nada específico, sino que fue una continuación del trabajo iniciado en el año anterior».

En 2005 dijo que cobró un anticipo de 6.000 euros y que lo empleó en pagar una póliza de prejubilación de los trabajadores de Cash Lepe y para desbloquear el ERE de Mercasevilla.

Preguntado por el cobro de 63.800 euros en 2008, el imputado ha explicado que esa cantidad la aceptó el director de Mercasevilla, Fernando Mellet (55.000 euros más IVA, lo que suma 63.800 euros) como una «estimación personal» del valor de sus trabajos.

En este sentido, ha dicho que su labor fue «fundamental» para que se pudieran aprobar los ERE debido al «enconamiento» de las partes, y ha agregado que fue el que presentó a Juan Lanzas, el «conseguidor» de los ERE y también imputado por el delito societario, para que obtuviera las subvenciones de los expedientes.

La declaración de hoy se incluye entre cinco imputados por la juez por presentar a Mercasevilla facturas por 586.455 euros sin ofrecer los servicios comprometidos.

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