Investigan a más de medio millar de jornaleros por pagar peonadas para cobrar el PER

La Guardia Civil de Sevilla da por finalizada este lunes la llamada «operación Meloconecta», que ha supuesto la detención del dueño de una empresa agrícola, con sede social en Tocina, por un delito de fraude a la hacienda pública. La Administración le reclama 614.440 euros de las cuotas a la Seguridad Social que debió pagar por sus trabajadores. Según la información ofrecida por el Instituto Armado, este empresario no ha cumplido desde el año 2010 con ninguna de las obligaciones impositivas con la Agencia Tributaria.

La sociedad bajo sospecha se llama Agrícola Espino S.L.U., cuyo administrador es Jesús E. H., detenido y puesto en libertad con cargos. La Guardia Civil confirma que también está siendo investigado su hijo.

La empresa, dedicada a la producción y recolección de melocotón y nectarina, tiene una explotación agrícola en Carmona.

Según la Guardia Civil, una inspección realizada conjuntamente con funcionarios pertenecientes a la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Inspección de Trabajo, detectó posibles irregularidades fiscales que dieron lugar a la apertura de una investigación policial más amplia.

Dichas pesquisas revelaron que «el modus operandi de la empresa respecto a la contratación del personal, era tramitar altas y bajas masivas de trabajadores declarando muchas más jornadas de trabajo que las necesarias para la explotación de la finca, incluso en periodos no productivos».

Interrogatorios en verano

Fue en ese momento cuando la Guardia Civil comenzó a indagar en los trabajadores que constan en los archivos de la empresa. En total han sido investigados 585 jornaleros, que según los funcionarios policiales podrían haber pagado al empresario entre 15 y 25 euros por peonada para acceder a prestaciones por desempleo como el PER. Según el comunicado del Cuerpo Benemérito, el 90% eran amas de casa y también hay familias completas en la que todos sus miembros habrían cobrado irregularmente ayudas.

Los investigados pertenecen en su inmensa mayoría a municipios de la comarca de La Vega y están aglutinados en una plataforma de afectados en la que está presente el Sindicato de Comisiones de Base Co.bas. ABC se ha puesto en contacto con un portavoz de este colectivo, David Pérez, quien ha confirmado que los trabajadores comenzaron a ser citados en calidad de investigados por la Guardia Civil a partir de julio.

Por ahora han tenido que hacer frente a la devolución de las ayudas y la pérdida del derecho a solicitar el subsidio para mayores de 52 años, ya que mientras se desarrollaban las investigaciones de la Guardia Civil, el Servicio Público de Empleo resolvía la vía administrativa sancionando a los trabajadores. «Estamos hablando de una media de 2.500 euros que ha devuelto cada jornalero por culpa de la mala praxis de un empresario. Los trabajadores estamos pagando el agujero en la hacienda pública que ha ocasionado la empresa». David Pérez señala que esto ha colocado en una situación muy delicada a la economía de centenares de familias que «sólo reciben 426 euros al mes».

Desde la plataforma niegan las acusaciones que pesan sobre ellos de haber pagado por cobrar el PER. «Tenemos certificados de empresa y pruebas de que se han hecho las peonadas. Que el 90% sean amas de casa es normal. Son trabajadoras del campo que cuando acaban las campañas se quedan en casa porque no hay más faena».

Además de la vía administrativa, este medio millar de jornaleros está siendo investigado por un delito de fraude de subvenciones. En caso de sentarse en el banquillo y dictarse condena, se exponen a penas de prisión que van de los seis meses a los tres años y a no poder obtener subvenciones ni beneficios o incentivos fiscales de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.

Aunque la investigación policial se ha conocido este lunes, los trabajadores llevan desde hace meses realizando movilizaciones en las que solicitan la anulación de las sanciones. Además están recabando apoyos de ayuntamientos como el de Carmona o el de Osuna, cuyos plenos ha aprobado recientemente mociones a favor del colectivo.