Un instante de la protesta de los vecinos de Tarazona ante las puertas del Parlamento de Andalucía
Un instante de la protesta de los vecinos de Tarazona ante las puertas del Parlamento de Andalucía - ABC
La Rinconada

La asociación de vecinos, en «pie de guerra» a cuenta de la urbanización de Tarazona que no llega nunca

Reclaman que llevan 20 años pagando impuestos y que el Ayuntamiento no les ha dotado de infraestructuras, como el alcantarillado

Martín Laínez
La Rinconada (Sevilla)Actualizado:

Los vecinos propietarios de las más de 750 parcelas de la urbanización de Tarazona mostraron ayer su enfado y molestar ante las puertas del Parlamento de Andalucía, donde se concentraron para reclamar que se alcance un acuerdo definitivo con el Ayuntamiento de La Rinconada.

Actualmente, esta urbanización, situada a 25 kilómetros del casco urbano de La Rinconada, está regida por una junta de compensación y ayer mismo se constituyó de manera oficial una asociación de vecinos.

Uno de los afectados, José Manuel García, comentó a ABC que «la urbanización lleva años sin infraestructura suficiente, llegamos a pagar hasta 1.200 euros por parcelas como la mía, de 2.500 metros, pero no tenemos recogida de basuras ni alcantarillado, todo cae en una fosa séptica, se cae la red telefónica constantemente y las instalaciones eléctricas son deficitarias. Estamos hartos de esperar a que el Ayuntamiento urbanice Tarazona. Llevamos 20 años pagando los impuestos como suelo urbano y residencial».

Además, este vecino recordó que el coste de urbanizar Tarazona es de 16 millones de euros. Además, el Ayuntamiento nos pide por el proyecto de reparcelación, que está aprobado provisionalmente, y para que sea oficial hay que pagar 2,5 millones, pero no hay voluntad de llevarlo a cabo. La última propuesta que nos dieron es que deberían seguir la junta de compensación, el consejo rector y nombrar a un gerente que lo pondrían ellos».

Durante la protesta, los vecinos estuvieron acompañados por el PP de Sevilla, cuya presidenta, Virginia Pérez, aseguró que «es inadmisible que en pleno siglo XXI los vecinos convivan con pozos ciegos y sin ningún tipo de transporte, y con 14 kilómetros de calles sin asfaltar, entre otros problemas».

Para Pérez, «es anacrónico que haya más de dos mil personas, la mayoría personas mayores, que viven desde hace años en unas condiciones deplorables, pero además es absolutamente inadmisible que una administración democrátrica no haya hecho nada por poner fin a esta situación».

«Cuando estos vecinos convocaron esta concentración en el Parlamento, estaban en funcionamiento, pero hoy —por ayer— este parlamento ya no tiene actividad parlamentaria alguna después de que Susana Díaz haya decidido adelantar las elecciones acorralada la corrupción, por las tarjetas de la Faffe que se han gastado el dinero público. El dinero público que tiene que ir para que vecinos, como los de Tarazona, vivan dignamente, la Junta se lo han gastado durante años en prostíbulos», explicó Pérez.

Respuesta del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de La Rinconada defendió ayer que «la responsabilidad y costes de urbanizar esta zona corresponde a los vecinos por planeamiento, por estatutos, por ley y por el compromiso aceptado en el convenio urbanístico».

El edil de Urbanismo del consistorio rinconero, Francisco Manuel Díez, recordó que en el año 2000, el Ayuntamiento reconoció a esta zona en el PGOU como suelo urbanizable con el fin de facilitar a los vecinos todo el proceso de urbanización del entorno donde ya estaban levantadas sus viviendas.

La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, junto a los vecinos de Tarazona
La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, junto a los vecinos de Tarazona - ABC

En este sentido, el edil de Urbanismo ha puesto en valor el trabajo realizado desde el consejo rector, «respaldado por la plataforma Ciudadana de Vecinos de Tarazona, con la que el Consistorio lleva trabajando codo con codo durante los últimos diez años».

«La asociación de vecinos de Tarazona es una minoría, que pretende que el Ayuntamiento actúe como un banco con condiciones a la carta personalizadas para cada vecino, algo imposible por razones de estabilidad presupuestaria y de equilibrio financiero, según la Ley de estabilidad, sostenibilidad y racionalización de las Administraciones Públicas», avisó.

Díez recordó que «con la idea de facilitar la urbanización, el Consistorio ha ofrecido una solución mixta que elimina los problemas de compensación y toma de la cooperación la gestión y tutelaje por parte del Ayuntamiento, sin que los vecinos pierdan la posibilidad de tomar decisiones».

«El plazo para el pago de las cantidades que corresponda a cada parcelista se acordará con los vecinos en tres o cuatro años sin intereses y dotando así de plazos flexibles su abono, en función de las circunstancias de cada uno, permitiendo así la posibilidad de ir faseando la urbanización progresivamente», comentó Díez.

En cuanto al cobro del IBI, destacó que «es un impuesto que grava el valor del objeto ya sea edificación o suelo, y al igual que el resto de impuestos son títulos exigidos sobre el marco de la Ley General Tributaria que no conllevan la prestación de servicios públicos».

«Al tratarse de suelo urbano no consolidado, en algunos casos pagan hasta un 35 por ciento menos que en el núcleo urbano», agregó.

En cuanto a las críticas de la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, el edil cree que muestran su «completo desconocimiento del asunto y un afán de politizar el tema», preguntándole por «la situación de las urbanizaciones diseminas de Carmona».