Urbanismo
La Junta, tras paralizar el resort de golf en Barbate que impulsó el PSOE:
«Que se cumpla la ley», ha proclamado el consejero cuando se le ha preguntado cuál era la posición de la Administración autonómica sobre ese proyecto urbanístico
El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha defendido este martes que el Gobierno andaluz deja manos libres a sus técnicos en la elaboración de informes ambientales para la evaluación de proyectos, actitud que ha contrastado con el Gobierno por el hecho de que «en otras administraciones los responsables políticos anuncian el sentido de los informes apenas poco antes de que se emitan».
«Eso en la Junta de Andalucía no va a pasar», ha apostillado.
Cuestionado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno por el ejemplo concreto de un informe ambiental desfavorable de la Junta de Andalucía a un proyecto turístico de lujo en Barbate (Cádiz), información de Abc de Sevilla, el consejero y portavoz ha sostenido que «en la Junta de Andalucía presumimos de no elaborar los políticos los informes técnicos».
Así, seguidamente esgrimió que en el caso de ese proyecto en particular el pronunciamiento desfavorable «lo han determinado los técnicos de la Delegación Provincial de Cádiz», para advertir entonces que corresponderá a los promotores decidir si «adecuarán el proyecto o no» a las objeciones planteadas.
«Que se cumpla la ley», ha proclamado el consejero cuando se le ha preguntado cuál era la posición de la Administración autonómica sobre ese proyecto urbanístico de Barbate, antes de proseguir afirmando que «es lo mismo que pensamos de todos los proyectos que se presentan en la Junta de Andalucía», con independencia de la naturaleza de las inversiones que llegan a la ventanilla del Gobierno andaluz.
El consejero de Sostenibilidad y portavoz ha defendido que «los promotores tienen derecho a presentar cuantos proyectos estimen convenientes», a lo que ha contrapuesto que «nosotros tenemos la obligación de dejar trabajar a los técnicos en libertad para que emitan el informe en base a su mejor saber y entender».
Fernández-Pacheco ha criticado que «no nos podemos acostumbrar a que una Administración tarde tres años en emitir un informe», así como que se produzca un pronunciamiento previo de un político antes de su difusión pública para preguntarse entonces «quién ha hecho el informe: la ministra o los técnicos».
