Espartinas, el pueblo de los líos

La localidad sevillana de Espartinas vive en un sinvivir. ¿El culpable? Su ayuntamiento, que no deja de acaparar titulares.... y no precisamente buenos. Sus alcaldes, concejales y exediles se han denunciado unos a otros en los tribunales, lo que ha hecho que tres estén siendo «investigados» judicialmente por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencia, entre otros. El reparto de sueldos municipales, la dimisión del alcalde, las renuncias de concejales, la crisis de Ciudadanos... han puesto a Espartinas en boca de todos. Los vecinos de la localidad se desayunan cada día con un nuevo capítulo.

Caso Baremaciones

El Juzgado de Instrucción 3 de Sanlúcar ha abierto diligencias a raíz de una denuncia de los concejales del PP por 18 contrataciones presuntamente irregulares de personas en riesgo de exclusión.

Un informe del secretario confirmó irregularidades y pidió volver a empezar la baremación. José María Fernández, de Ciudadanos, dimitió como alcalde de Espartinas tras su imputación por presunta prevaricación. En las redes comenzaron a circular varias conversaciones entre Lola Villar, la vecina que hizo una huelga de hambre para denunciar los hechos, con Ignacio Rubio, en el que éste reconocía las irregularidades y admitía que el alcalde las conocía. José María Fernández, sin embargo, ha declarado en el juzgado que fueron los técnicos que baremaron las solicitudes los que cometieron los errores, no respetando el plazo de alegaciones y dejando fuera a personas que realmente reunían requisitos para ser contratadas. Las baremaciones se hicieron, dejando fuera a personas que sí fueron contratadas. Ciudadanos intenta que un seguro de responsabilidad civil cubra esos sueldos.

El alcalde sigue como edil

Me voy pero no me voy. Esa parece ser la canción que tarea cada día José María Fernández. Dijo que iba a dejar el Ayuntamiento y dejó la Alcaldía pero se resiste como gato panza arriba a dejar el acta de concejal, a pesar de que se lo exigieran dirigentes y cargos del partido, como Juan Marín o Virginia Millán. Ahora Ciudadanos recula y le permite que siga siendo concejal porque «confía en su inocencia», aunque el código ético de la formación de Albert Rivera aboga por lo contrario.

Crisis de Gobierno

El caso de las baremaciones abrió una crisis en la agrupación local de Ciudadanos, que antes lideraba José María Fernández. Pedro López, número 2 de Ciudadanos, renunció primero a ser delegado de Empleo, Deportes, Obras y Servicios y Juventud, por disconformidad con el pacto PSOE-C’s y la forma de gobernar del alcalde. Esta semana acaba de entregar también su acta de concejal. Auxiliadora Rodríguez, edil de C’s, también ha renunciado a las delegaciones de Salud, Turismo y Educación «por desacuerdo con la forma de gobierno» y no respetar los ideales del partido.

Obligada a devolver dinero

Dolores Ruiz, número dos en la lista del PSOE, ha tenido que devolver el dinero que cobró indebidamente como personal de confianza del grupo municipal socialista. El secretario consideró que era incompatible hacerlo si era concejal. Ha dimitido como edil para poder cobrar ese sueldo.

Reparto de sueldos

La Corporación municipal la conforman 17 concejales: 6 de Ciudadanos, 5 del PP, 4 del PSOE, uno de IU y uno de Vecinos por Espartinas. El acuerdo de Gobierno Ciudadanos-PSOE se cimentó en el reparto de sueldos. La formación naranja se quedó con cinco concejales liberados y, por tanto, con derecho a sueldo, y un asesor externo, por lo que todos los que tienen dedicación exclusiva cobran 30.000 euros brutos anuales. El PSOE cuenta con un concejal liberado al 100%, Ignacio Rubio, concejal de Asuntos Sociales y Festejos, y una de sus ediles entregó el acta de concejal para ser personal de confianza de ese grupo, con lo que también tiene otro sueldo municipal.

Danza del vientre

María Rosa Rubio, hija del concejal socialista de Asuntos Sociales de Espartinas, iba a dar clases de la danza del vientre en los talleres municipales hasta que ABC dio a conocer que había sido seleccionada en una convocatoria pública para trabajar como autónoma en esos cursos. Finalmente ella renunció a las clases y su padre declaró que «era la primera vez que la aceptaban en los talleres porque el PP nunca la admitió porque yo era concejal del PSOE».

Caso Raphael

El Juzgado 2 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha citado al exconcejal del PP de Espartinas Javier Jiménez para que comparezca «como perjudicado» el 15 de marzo en el marco de la denuncia de ese partido contra el ya exalcalde de Espartinas José María Fernández (C’s), por realizar movimientos por valor de 2.000 euros en la Sociedad Espartinas Desarrollo Local S.A. (Esdelsa), actualmente en liquidación, así como la retirada de entradas para un concierto el pasado verano de un concierto de Raphael valoradas en más de 10.000 euros.

Caso Da Fra

El Juzgado 3 de Sanlúcar ha citado al exalcalde de Espartinas Domingo Salado (PP), y al exgerente de Espartinas Desarrollo Local (Esdelsa), Juan Torrecillas, el 6 de abril, para que comparezcan como «investigados» por presunta prevaricación administrativa, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios y falsedad documental oficial en la adjudicación del contrato de mantenimiento y jardinería del Parque del Sol, que fue construido por Esdelsa. La empresa adjudicataria fue Da Fra Espartinas, propiedad de la mujer del exgerente de Esdelsa. El caso fue denunciado en los tribunales por José María Fernández cuando era presentante de Ciudadanos en 2014 en Espartinas y se sumó después el PSOE y el Ayuntamiento de la localidad.

Caso Agustín de Espartinas

En junio de 2007, la empresa municipal Esdelsa firmó un contrato de apoderamiento del novillero Agustín Pérez García, conocido en los carteles como «Agustín de Espartinas».

El PSOE lo denunció y ahora están siendo «investigados» por ese hecho Javier Jiménez, exprimer teniente de alcalde, y el exgerente de esa empresa, Juan Torrecillas, por presunta malversación de caudales públicos. Jiménez (PP) presentó su dimisión posteriormente, aunque él la desvinculó de ese caso, negando además que se usara dinero público para el apoderamiento de ese novillero. «La empresa Esdelsa —argumenta— se financiaba con patrocinios de empresarios que querían promocionar el municipio. Lo único que hicimos fue no cobrarle al torero la cláusula de rescisión del contrato que tenía con Esdelsa». El Ayuntamiento se ha personado como acusación particular en este caso.