La Unión Europea presenta la reforma del vino y pone en jaque al sector en la provincia

No hubo sorpresas, y cuando la comisaria europea de Agricultura, Mariann Fischer Boel, dio a conocer ayer la propuesta oficial para iniciar la reforma de la Organización Común del Mercado (OCM) del vino todos los afectados, desde la industria a los productores, confirmaron que las modificaciones que pretende Bruselas serán drásticas, en particular para España y para el Marco de Jerez.

Tras meses de negociación solapada en los despachos y de presiones en todos los sentidos, la Comisión Europea (CE) desveló ayer su propuesta para la reforma de este sector que, con el objetivo de recuperar el liderazgo de los caldos europeos en el mercado mundial, plantea el arranque de unas 400.000 hectáreas de viñas en las explotaciones menos rentables de Europa -el 12% del total-. Y es que, según argumentó ayer la CE, aunque la UE ocupa el primer lugar en la exportación mundial de vino, competidores como Australia, Argentina, Suráfrica y Chile van ganando terreno mientras que aquí el consumo está descendiendo.

La propuesta comunitaria plantea el arranque de 400.000 hectáreas en cinco años y no obligatorio, con el fin de reducir las existencias y concentrar la producción en vinos de calidad, con más salida en el mercado. Para potenciar el abandono, la CE propone destinar ayudas atractivas, con un presupuesto máximo de 2.400 millones de euros, pero Bruselas aún no ha precisado cómo se distribuirían entre los distintos países productores.

La CE tampoco ha revelado con exactitud geográfica cuáles serían las regiones más afectadas, pero se habla de que Castilla-La Mancha y Andalucía, según los estudios de impacto como las discusiones relacionadas con la OCM, son las que más posibilidades tienen de sufrir esta medida.

Pese a todo, el aspecto del documento presentado ayer que más ha preocupado en el Marco de Jerez ha sido la confirmación de que la comisaria del ramo va a apostar por un cambio radical en las ayudas ya que considera que el sistema actual no ha conseguido resolver el problema de los excedentes, como tampoco lo han hecho medidas para resolver crisis como la destilación.

En palabras de la propia Fischer Boel, «las ayudas actuales están pasadas de moda», por lo que esos apoyos se reemplazarán por una asignación para cada país de la UE, que los gobiernos repartirán con más libertad y para lo que Bruselas mantendrá íntegro el presupuesto para la OCM (1.269 millones de euros).

Lo malo es que en esa supresión de ayudas que en los últimos años ha acaparado un 40% de los fondos del sector (unos 506 millones de euros) la CE no ha hecho ningún tipo de distinción entre la destilación de crisis y la que es para uso de boca, es decir, la que utiliza la industria del Marco de Jerez para obtener alcohol vínico para la producción del brandy.

Esta medida, que desde el sector siempre han defendido que no arroja excedentes al sector, supondrá que el brandy de Jerez sufrirá un aumento considerable de sus costes, lo que tendrá un inmediato reflejo en el precio dada la poca flexibilidad de esta producción. Será un importante varapalo para una industria que cada año consume unas 100.000 hectáreas de viñas de La Mancha para producir esta bebida espirituosa y que de salir adelante el documento de la reforma tal como se presentó ayer podría cifrar las pérdidas entre los 30 y 40 millones de euros.

Eso sin olvidar que en el Marco de Jerez, el peso de las bodegas lo sustenta la producción y comercialización de brandy, que sigue siendo una de las bebidas espirituosa más vendidas en todo el mundo, y cuyas cifras ayudan a compensar los valores negativos que desde hace algún tiempo arrojan las ventas del jerez.

Para defender la importancia de esta destilación para uso de boca, el Comité Europeo de Empresas del Vino (CEEV) defendió ayer el uso de este alcohol vínico para el brandy que constituye una salida «importante y estable» y que juega el papel de mecanismo regulador, por lo que los argumentos de sanidad pública esgrimidos por la CE para justificar su eliminación son «infundados e inaceptables».