Huertos de ocio o de negocio

Se han cumplido dos años desde que los más de treinta adjudicatarios de los huertos de ocio de San José Obrero fueran desalojados por la Policía Local de las parcelas de las que habían sido adjudicatarios durante una década larga. El motivo, según argumentó en su momento la GMU con la palabrería burocrática habitual, era recuperar los terrenos para prestarles un conveniente uso público y dotarlos de un «sentido social» que, por lo visto, antes no tenían. En la actualidad, Jerezana de Comunidades levanta en estos 20.000 metros cuadrados hileras e hileras de viviendas unifamiliares.

Los afectados por la «recuperación» de los huertos no cejan en su batalla legal porque se reconozca lo que consideran que fue un proceso «injusto e irregular». En los tribunales hay abiertas dos causas: una de contenido penal, en la que se acusa a la Gerencia de Urbanismo de prevaricación, coacciones, daños directos e indirectos, falsificación de documentos, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos; y otra, de carácter contencioso administrativo, que busca la reintegración de los terrenos o la indemnización pertinente. Su principal argumento consiste en la demostración documental de que cuando Urbanismo practicó el desalojo, hacía más de medio año que ya había vendido la finca a Xera Promociones, como acredita el acta de la operación financiera con fecha 20 de octubre de 2003, numerada con el protocolo 3.306. Tal y como explica Francisco García, portavoz de los afectados, «es, cuando menos, realmente extraño que se utilizasen medios públicos para desalojar unos terrenos que hacía ya bastante tiempo que eran de propiedad privada». Además, el 18 de noviembre de 2003, cuando la GMU aprobó el expediente definitivo, ya no era la propietaria real de la finca, algo «difícil de entender y que no se ajusta a ningún modelo de actuación mínimamente serio».

Para los parcelistas, el hecho de que el Ayuntamiento les hubiera ocultado sus intenciones reales y las «prisas» con las que se desarrolló todo el proceso son dos síntomas claros de que la GMU se movió condicionada por un acuerdo previo con Xera Promociones, lo que obligó a «utilizar sin escrúpulos medios públicos, a saltarse todos los protocolos legales, para entregar la finca a una empresa privada, algo que dista mucho de responder a esos intereses sociales de los que se nos habla».

Francisco García resalta que «esas no son las únicas irregularidades que hemos denunciado, ya que, entre otras cosas, en el contrato de cesión se dicen que los terrenos están libres de cargas y de inquilinos, cuando nosotros teníamos un contrato vigente en toda regla».