Principios y valores

Estamos acostumbrados en la política a la inmediatez y a lo políticamente correcto, por ello, creo que de vez en cuando hay que volver a las esencias que nos deben informar sobre dónde estamos y los errores que estamos cometiendo.

Ahora que tanto se está hablando del Bicentenario, quiero recordar lo que decía la Constitución de 1812, llamada La Pepa, la génesis del Estado Español moderno, que en uno de sus primeros artículos afirmaba: «El objetivo del Gobierno es la felicidad de la nación». Creo que esto recoge el punto de partida del buen Gobierno, ya sea a nivel central autonómico o local.

Hoy, sin embargo, esta frase suena extraña, la realidad más bien es la contraria, parece más bien que el objetivo del Gobierno es cabrear a los ciudadanos, es como si los grandes padres de la política estuvieran más empeñados en crear nuevos problemas que en solucionar los que hay. Véanse las últimas propuestas de la Demarcación de Costa en nuestra ciudad.

Unas formas que comparten tanto gobierno como oposición. Estamos en una espiral de enfrentamiento entre las dos grandes fuerzas políticas que va más allá de lo razonable. ¿Dónde están los temas de estado?, ¿el consenso y el bien común se desterraron de nuestro mundo político? Obsérvese, como ejemplo, el deseo excluyente de paternidad del segundo puente sobre la Bahía, del PSOE y del PP.

Los tiempos han pasado, se han perdido los romanticismos políticos, hemos pasado al materialismo puro y duro, la parcela de poder se convierte en medio y fin, olvidándose los métodos e ideologías, los principios y valores. Un presidente pactará con quien sea para mantenerse o un alcalde buscará el clientelismo que asegure la reelección. Esta no es una cuestión baladí, pues cuando hablamos de falta de cuidados en los métodos o en los principios, estamos a un paso de comenzar a abrir las puertas a las corruptelas.

Los ejemplos son muy diversos: Marbella como gran símbolo de la corrupción urbanística, situación que era conocida desde hace años; detención ilegal de militantes de un partido por serlo; etc. Con todo ello, estamos creando la base para debilitar paulatinamente la democracia, nuestra democracia. Habría que volver a recuperar la escrupulosidad en la política, volver a la idealización de la democracia. Una democracia basada en el respeto a las leyes, que nos damos entre todos indirectamente para tener una sociedad pacífica, aunque no sean todo lo justas estas normas como muchas veces nos gustaría, que se deben de cumplir voluntariamente u obligatoriamente por medio del principio de autoridad -que no se debe confundir nunca con el autoritarismo como en cierta etapa se ha hecho-, sino con una democracia fuerte que defiende el bien común y a los ciudadanos.

En resumen, una democracia basada en derechos y deberes, sin olvidar la separación de poderes -ejecutivo, legislativo y judicial-, que ya algún político mostró su deseo de enterrar. Hoy quizás tengamos más normas que nunca, pero a la vez existe una sociedad donde se demuestra menos respeto a las mismas, algo que supone un debilitamiento de la democracia.

Los políticos tienen el deber preferente de defender el sistema que tenemos y educar en el mismo. Aunque sean muy importantes las infraestructuras y todos los demás temas materiales y ostentosos, ellos no lo son todo. Hay que recuperar todos los valores y principios que nos pueden hacer funcionar mejor como sociedad, lo que va a suponer una mejor calidad de vida, quizás el término moderno que puede sustituir «la felicidad de la nación». No será cómodo para muchos, pero hay que recuperar los conceptos de urbanidad, respeto, solidaridad, dignidad de la persona, bien común, participación, etc., que aunque parezcan abstractos, tienen su reflejo en la vida cotidiana de todos los ciudadanos, incluso en los temas económicos.

Es suficiente el comprobar cuánto nos cuestan a todos los actos vandálicos, la limpieza urbana cuando no se cuida el entorno, los gastos de sanidad de los numerosos accidentes, tanto de vehículos a motor como laborales, etc.

La política debe recuperar sus dotes pedagógicas y para ello, podrían destinar las administraciones públicas parte del dinero que dedican a la publicidad de sus logros a realizar más campañas de concienciación de los ciudadanos, para que sean sujetos de la propia ciudadanía, recuperándose así los valores y principios sociales, las buenas costumbres, su participación en la vida de la sociedad, pues esa será la fórmula para que nuestra democracia progrese realmente. Si no, corremos el peligro de quedarnos en una simple democracia formal cuyos usuarios votan cada cuatro años y nada más.