Los investigadores revisan 42 informes médicos sospechosos de ser falsos

La Guardia Civil confirmó ayer vía nota de prensa el balance provisional de 28 detenciones y la imputación de diez personas durante las dos fases desarrolladas en la denominada operación Karlos. Pocos detalles nuevos se conocieron ayer de unas pesquisas que ya no están sujetas al secreto de sumario, al ser éste levantado por el juez instructor del nº 1 de Cádiz.

El Instituto Armado describió en su comunicado como los dos cabecillas del entramado, Carlos Carretero y el inspector médico Francisco C. P. L. facilitaron la concesión de pensiones por incapacidades laborales mediante procedimientos ilegales.

La supuesta mano derecha del ex jefe de la Policía Local se apoyaba en determinados facultativos, tanto de atención primaria como especialistas, para ofrecer bajas e informes médicos falsos y se encargaba de supervisar estos documentos mediante el cobro de entre 9.000 y 24.000 euros. Se sospecha que incluso algunos informes médicos elaborados por otros facultativos pudieron ser falseados por los profesionales implicados.

En los casos en los que el beneficiario carecía de dinero, los dirigentes de esta trama le facilitaban una póliza a través de entidades bancarias, que posteriormente era abonada al banco una vez concedida la pensión.

La mayoría de los beneficiarios que obtuvieron o intentaron obtener estas pensiones por incapacidad laboral son de la comarca de la sierra gaditana, zona donde Carlos Carretero está muy relacionado. Pese a que muchos no residen en la ciudad de Cádiz, Carlos Carretero les instaba a que fijaran su residencia en la capital y para ello, según el comunicado oficial de la Guardia Civil, ofrecía direcciones de familiares suyos. Esto se debía a que el inspector implicado que debía dar el informe favorable, está asignado al área de la Bahía.

Como único requisito que se les exigía a los aspirantes es que estuvieran dados de baja o hubieran sido atendidos en las urgencias de un centro hospitalario.

De todos los casos fraudulentos, la Guardia Civil destaca el que presuntamente cometió la mujer de Jesulín de Ubrique, que permitió que una impostora se hiciera pasar por su madre para que ésta obtuviera una pensión.

Algunos de los clientes de la red desconocían el mecanismo de obtención de una pensión, ya que muchos de ellos están realmente enfermos y lo podrían haber solicitado al Ministerio de Trabajo por el procedimiento establecido y por tanto sin coste alguno.

Hasta la fecha han sido estudiados 42 expedientes de personas sospechosas de tener en trámite o haber obtenido alguna pensión de incapacidad laboral, pero este trabajo de rastreo no ha terminado por lo que es probable que se sumen nuevas detenciones.

El volumen del fraude a la Seguridad Social por esta trama se desconocerá hasta que dicho organismo no realice las evaluaciones correspondientes en función de las compensaciones que se hayan concedido.