Los inmigrantes con antecedentes penales no podrán ser legalizados en Estados Unidos

El Senado de EEUU ha aprobado hoy una enmienda que prevé la construcción de un muro de 595 kilómetros a lo largo de la frontera entre EEUU y México. Con 83 votos a favor y 16 en contra, esta enmienda también prevé levantar unos 800 kilómetros de barreras para impedir el paso de automóviles. La medida fue propuesta por los republicanos, mayoría en ambas cámaras del Congreso, después de que hoy se aprobara asimismo otra enmienda que excluye de un eventual programa de legalización a extranjeros con antecedentes criminales. La enmienda, propuesta por los senadores republicanos Jon Kyl (Arizona) y John Cornyn (Texas), excluye a inmigrantes indocumentados que hayan sido condenados por un delito grave o por tres delitos menores. La medida hará excepciones para casos excepcionales, aún por determinarse, y para aquellos que desconocían que había una orden de deportación en su contra, según fuentes legislativas.

La enmienda, una de más de una decena que votará el Senado antes de fin de mes, cuenta con el apoyo de la minoría demócrata. El senador demócrata Edward Kennedy ha explicado que apoyó la medida porque, de esa forma, se eliminará de los Estados Unidos al "elemento criminal" que pueda suponer una amenaza para la seguridad nacional. Algunos senadores republicanos, que se muestran reacios a un eventual programa de legalización -temporal o permanente-, han indicado que insistirán en presentar enmiendas para cerrar el cerco a la inmigración ilegal. Una enmienda propuesta por el senador republicano Jeff Sessions, por ejemplo, autoriza la construcción de un cerco en varios tramos de la frontera con México, tal como está previsto en el proyecto de ley que aprobó la Cámara de Representantes en diciembre pasado.

El martes último, el Senado rechazó una enmienda del senador demócrata Byron Dorgan que hubiese eliminado un programa de trabajadores temporales, un elemento clave de la reforma migratoria que ha solicitado con insistencia la Casa Blanca. También rechazó una enmienda del republicano Johnny Isakson (Georgia) que hubiese supeditado ese programa laboral al reforzamiento de la seguridad fronteriza. La Casa Blanca ha dicho que apoya una reforma migratoria integral que incluya más vigilancia en la frontera, sanciones a empresas que contraten a indocumentados, una vía para la legalización de buena parte de los inmigrantes clandestinos, y un programa de trabajadores temporales.

Los legisladores continúan sin hallar las soluciones necesarias

El Congreso de EEUU analiza fórmulas para disuadir la inmigración ilegal y contentar a todos los bandos, aunque la solución también recae, según los expertos, sobre las naciones donde la pobreza destina a miles de personas a un futuro incierto. Mientras el Congreso busca soluciones duraderas, el presidente George W. Bush ha ordenado, para el mes próximo, el despliegue temporal de hasta 6.000 soldados de la Guardia Nacional para dar apoyo logístico y administrativo a la Patrulla Fronteriza. Los soldados no tendrán autoridad para detener ni deportar a los inmigrantes indocumentados y estarán en la franja fronteriza mientras el Departamento de Seguridad Nacional contrata y capacita a más agentes para las tareas de vigilancia.

Los inmigrantes indocumentados, que suman aproximadamente doce millones de personas en EEUU, son objeto tanto de elogio de grupos que destacan su aportación al tejido social y económico del país, como de críticas de aquellos que los ven como parias. El polarizado debate sobre cómo poner en marcha una reforma migratoria integral ha cobrado fuerza en el Congreso, que no atraviesa por una experiencia similar desde la reforma migratoria de 1986. Pero entonces el número de inmigrantes indocumentados era menor -alrededor de tres millones de personas lograron la amnistía- y ahora el Gobierno de Washington ha erigido más murallas, tanto físicas como legales, para poner coto a la inmigración ilegal. Veinte años después y ante la continua porosidad de la frontera con México, el debate en el Congreso se enfoca ahora en una mayor vigilancia fronteriza y en la posibilidad de legalizar sólo a cierta parte de la población indocumentada.

En diciembre pasado, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley del legislador republicano James Sensenbrenner que, entre otros elementos, autoriza la construcción de un muro en la frontera sur y convierte en criminales a los inmigrantes indocumentados y a quienes les ayudan. Ese proyecto de ley, que debe ser armonizado con el que eventualmente apruebe el Senado, alzó en armas a las comunidades de inmigrantes en todo el país, que han prometido continuar las campañas de presión en su contra. Hasta la fecha, la presencia ilegal de todo extranjero es sólo una falta administrativa que, salvo exponerle a una orden de deportación, no conlleva sanciones penales. Ante el furor creado por la medida de Sensenbrenner, los líderes republicanos de la Cámara Baja han dejado clara su disposición para modificarla cuando inicie el proceso de armonización bicameral.

Tres categorías de inmigrantes según el tiempo de estancia

Mientras, el Senado de EEUU está inmerso en el debate sobre un proyecto de ley bipartidista que establece tres categorías de inmigrantes -dependiendo del tiempo que llevan en el país- y autoriza la creación de un programa de trabajadores temporales. Stephen Hill, director de programas de reforma política de la Fundación Nueva América, de corte centrista, ha propuesto que EEUU copie el modelo de la Unión Europea (UE) que cuenta con políticas migratorias y de integración económica para "nivelar el terreno". "En la UE ha habido un esfuerzo serio por la integración económica y política. Aquí seguimos reincidiendo en medidas que no funcionan y, en un año electoral, me temo que sólo veremos más de lo mismo", ha declarado el experto. "Mientras EEUU siga imponiendo soluciones irracionales que no cambian lo fundamental del problema -las disparidades económicas en la región-, seguiremos teniendo inmigración ilegal", vaticina Hill.

Otros analistas consideran que la solución al problema no está sólo en Washington, sino también en los países que, por la escasez de oportunidades económicas, alientan indirectamente la emigración ilegal hacia el norte. En ese sentido, el Gobierno de México, por ejemplo, sostiene que la tarea de disuadir la emigración ilegal es una "responsabilidad compartida" y, sin abundar sobre medidas concretas, ha prometido cooperar con EEUU. En un foro reciente en Washington, los cancilleres de nueve países latinoamericanos, entre ellos el de México, Colombia, y varios de Centroamérica, reiteraron su deseo de que el Congreso de EEUU apruebe una reforma que permita un flujo "legal, ordenado y seguro" de inmigrantes.