Roca y García Marcos declaran en los juzgados de Marbella

El juez de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga), Miguel Angel Torre, ha interrogado hoy al ex asesor de Urbanismo marbellí y presunto "cerebro" de la trama de corrupción en el Ayuntamiento, Juan Antonio Roca, sobre una "serie de documentos" que han sido incautados en la denominada Operación Malaya y por otros que fueron remitidos desde la Audiencia Nacional, incluidos en el caso Saqueo I.

Roca ha sido trasladado desde la prisión provincial de Alhaurín de la Torre (Málaga), donde se encuentra desde el pasado día 1 de abril, y llegó a Marbella sobre las 08.50 horas en un furgón de la Guardia Civil diferente al que fue trasladada la ex primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, citada a declarar por un delito urbanístico. El ex asesor municipal fue citado por acuerdo del juez, sin que la defensa lo solicitara, por lo que es la segunda vez que Torres le toma declaración.

El abogado defensor, José Aníbal Alvarez, ha precisado que en el interrogatorio, que duró unos 45 minutos, el juez se ha interesado en revisar una serie de documentos y "anotaciones personales" que fueron encontrados en los registros y otros que han sido enviados desde la Audiencia Nacional. Concretamente, ha señalado, "una de las agendas que está contenida también en el sumario del caso 'Saqueo I'".

Sobre la publicación de sus agendas, el letrado ha manifestado que Roca le ha pedido al juez que preserve su intimidad con los medios de comunicación en la medida de lo posible y ha recordado que ya se denunció en 2003 el robo de dichas agendas.

Por último, ha insistido en que la declaración de hoy se ha referido "solamente" al Caso Malaya, por el que el juez imputa a Roca los delitos de blanqueo de capitales contra la Hacienda Pública, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación como inductor, alteración de precios en concursos y subastas públicas, malversación de caudales y contra la flora y la fauna, entre otros.

En el auto de prisión, se aseguraba que éste "controla y dirige las decisiones municipales por encima de la alcaldesa", de quien dice es "una marioneta en manos de Roca". El papel de éste en todo este entramado de corrupción municipal es el del jefe que "influye en los concejales, ordena la aprobación de actos administrativos injustos, percibe cantidades para aprobar convenios y exige dinero para mantener contratos".

Su defensa recurrió este auto de prisión, aunque el juez desestimó el recurso de reforma, al entender que existe riesgo de fuga y que concurre la reincidencia, por tener otros procedimientos abiertos y por una posible destrucción de pruebas, al estar la investigación en su fase inicial. No obstante, está pendiente que la Audiencia de Málaga resuelva el recurso de apelación presentado para conseguir la libertad.

'Caso Obarinsa'

También ha prestado declaración ante el juez, en esta ocasión por el Caso Obarinsa, la ex primera teniente de alcalde de Marbella Isabel García Marcos por un presunto delito de prevaricación. Se investiga su implicación la construcción de ochenta chalés adosados en un suelo con una densidad máxima de edificación de 45 viviendas.

El letrado de García Marcos, José Carlos Aguilera, ha destacado que el equipo de gobierno municipal se limitó "a dar por cumplimentados los condicionantes impuestos por la comisión de gobierno de la anterior corporación a la licencia de obras y al proyecto de ejecución". Aguilera, que representa también en la causa al ex concejal José Jaén -en libertad provisional por el Caso Malaya-, ha recordado que el equipo de gobierno presidido por el ex alcalde Julián Muñoz acordó conceder la licencia urbanística a la promotora Obarinsa y otorgar el proyecto de ejecución de la obra "con algunos condicionantes".

Ha explicado que la junta de gobierno local del 19 de febrero de 2004, de la que formaban parte García Marcos y Jaén, "solamente dio cuenta" de un informe emitido por el servicio técnico municipal el 30 de septiembre de 2003 en el que se refleja que la promotora ha "cumplimentado los condicionantes" marcados por la corporación anterior.

El abogado ha subrayado que dichas exigencias se correspondían con "el proyecto de telecomunicaciones y un estudio de seguridad y salud" y ha asegurado que "no puede entenderse que la junta de gobierno local tomara ninguna decisión".

también ha subrayado que la catalogación del suelo para el que se otorgó la licencia urbanística era susceptible de ser edificable y el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella de 1986 calificaba los terrenos como zona de vivienda plurifamiliar adosada.

Además de García Marcos y Jaén, hoy también han prestado declaración como imputados los ex concejales del GIL Tomás Reñones y Carmen Revilla y los que fueran ediles del PA Carlos Fernández y Pedro Pérez.