El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera. EFE
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Los agentes sociales creen que la reforma laboral equilibrará el crecimiento económico

Entrará en vigor el próximo 1 de julio a través de un decreto-ley que se firmará el próximo 9 de mayo

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Gobierno, sindicatos y empresarios creen que el objetivo de la reforma laboral de mejorar la estabilidad en el empleo contribuirá a avanzar en un modelo de crecimiento económico "duradero y equilibrado", basado en la competitividad de las empresas, el incremento de la productividad y la cohesión social.

Así lo afirman las tres partes en el acuerdo sobre la reforma del mercado laboral, cuya redacción cerraron ayer por la tarde, tras más de un año de negociaciones.

La reforma, que entrará en vigor el próximo 1 de julio a través de un decreto-ley, se firmará el próximo 9 de mayo a las 12.30 horas en el Palacio de La Moncloa, con la asistencia del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y de los máximos dirigentes de CC.OO., UGT y CEOE, José María Fidalgo, Cándido Méndez y José María Cuevas.

En el texto, el Gobierno y los agentes sociales dan por concluidos los trabajos sobre el mercado laboral previstos en la Declaración que firmaron en Moncloa en julio de 2004. Este acuerdo, dicen, responde a su objetivo compartido de que la sociedad española alcance mayores niveles de desarrollo económico, calidad en el empleo, bienestar social y cohesión territorial.

Al mismo tiempo, subrayan que las políticas laborales y de empleo deben ir "necesariamente acompañadas" de políticas sólidas en educación y formación, en infraestructuras, en I+D+i, y en materia industrial y medioambiental, elementos todos ellos "esenciales" para el crecimiento y la calidad del empleo.

En este sentido, apuntan que la reforma constituye un "punto de equilibrio" para apoyar y sostener la creación de empleo, así como para mejorar el funcionamiento del mercado laboral .

El acuerdo se estructura en tres capítulos. El primero va dirigido a impulsar la contratación indefinida y la conversión de empleo temporal en fijo, bonificando y estimulando los nuevos contratos fijos (con ayudas que irán de los 500 a los 3.200 euros al año), y reduciendo las cotizaciones al desempleo de los contratos fijos (con una rebaja total de medio punto).

El segundo capítulo tiene que ver con limitar el encadenamiento de contratos temporales y con la necesidad de introducir una mayor transparencia en la subcontratación, y el tercero se refiere a potenciar la eficiencia de las políticas activas de empleo, del Inem y del sistema de protección por desempleo.

Asimismo, Gobierno y agentes sociales muestran en el texto del acuerdo su convecimiento de que la mejora de la productividad y de la competitividad empresarial, los dos grandes desafíos de futuro de la economía española, pasan necesariamente por alcanzar un mayor nivel de estabilidad en el empleo.

"El Gobierno, las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales firmantes de este acuerdo, hacemos desde el mismo una llamada a que se conozca y aplique su contenido. Un llamamiento, en definitiva, a realizar una apuesta estratégica por la estabilidad en el empleo", concluye la introducción del acuerdo.

Medidas

Para frenar el fraude en la contratación temporal, la reforma establece que adquirirán la condición de fijos los trabajadores que en un plazo de 30 meses hayan ocupado el mismo puesto de trabajo durante dos años a través de dos o más contratos temporales.

Además, se permitirá que los contratos temporales celebrados hasta el 31 de diciembre de 2007 puedan convertirse a contratos indefinidos de fomento del empleo, cuya indemnización por despido improcedente es más barata que la de los indefinidos ordinarios (33 días por año trabajado frente a 45 días).

La reforma establecerá también un programa de estímulos al empleo indefinido inicial, que incluirá a los jóvenes varones de 16 a 30 años entre los colectivos que podrán beneficiarse de estas bonificaciones. stas, además, tendrán una duración de cuatro años, frente a los dos actuales.

El acuerdo incorpora un plan de choque contra la temporalidad que incluye la eliminación de las bonificaciones a la conversión de contratos temporales a indefinidos, aunque no de forma inmediata. Así, los contratos temporales suscritos con anterioridad al 1 de junio de 2006 que se transformen en indefinidos estarán bonificados, siempre que la conversión se efectúe antes del 1 de enero de 2007.

En materia de subcontratación, la reforma obligará a la empresa principal a tener un libro de registro cuando sus contratas o subcontratas compartan de forma continuada el mismo centro de trabajo. Dicho libro, que recogerá toda la información de la cadena, estará a disposición de los representantes de los trabajadores.

Cuando una empresa contrate a una contrata o subcontrata tendrá que informar a los representantes legales sobre el objeto y duración de la contrata, el lugar de ejecución, el número de trabajadores que serán ocupados por la contrata en el centro de trabajo de la empresa principal, así como de otros datos relacionados con la empresa contratista (razón social, identificador fiscal, etc.).

El acuerdo contempla también el compromiso de reforzar los efectivos de la Inspección (la idea es que a final de legislatura haya 954 inspectores y 968 subinspectores), y la puesta en marcha, en un plazo de tres meses, de un plan global de modernización de los servicios públicos de empleo, tanto estatal como autonómicos.