Los empresarios reconocen la permisividad y facilidad para trabajar en la economía sumergida
El Consejo Económico y Social sitúa a la provinvia como la cuarta de España con más actividad ilegal
Actualizado: Guardar«Parece que el fraude a la Seguridad Social es pecata minuta en la provincia». Vertidas por el presidente de una patronal hace sólo unos días, estas palabras invitan a pensar que algo no funciona. O funciona peor de lo que parece. El fraude de las facturas falsas detectado, al menos, en la marroquinería y el mercado inmobiliario, y el de informes médicos contra la Seguridad Social han vuelto a poner de relieve una realidad demasiado evidente en la provincia: la economía sumergida.
Lejos de ser una afirmación vacua propia del boca en boca, el impacto de la actividad irregular está recogido en un informe del Consejo Económico y Social que ha levantado a más de uno de su sillón. El estudio de este órgano independiente formado por representantes de las principales instituciones y órganos sociales de la Comunidad y vinculado a la Junta de Andalucía sostiene que Cádiz es la cuarta provincia del país que registra mayor incidencia de negocios irregulares.
Menos desarrollo
La investigación del CES confirma que existe una «relación inversa» entre el impacto de la actividad ilegal y el nivel de desarrollo en términos de Producto Interior per Cápita, es decir, las provincias «menos prósperas» recurren más a métodos fiscales o laborales ilícitos.
En esta clasificación también aparecen negocios estratégicos de la provincia, como la hostelería (al que los encuestados otorgan una intensidad media-alta del 68%), la promoción inmobiliaria (66,5%) y el cuero (60%).
Esto en términos de actividad empresarial porque en empleo irregular es aún mayor, sobre todo en la restauración (en la que se el 79,4% considera que el grado de ocultación es elevado) y la industria marroquinera (donde se constata una «muy fuerte vinculación» del 69,5%), que destacan junto a la confección de géneros de punto, la agricultura, ganadería y pesca, la construcción residencial y la instalación y montaje de edificios.
El empleo irregular, por su parte, se ve condicionado por la estacionalidad (hostelería y agricultura) y la presencia de inmigrantes, que acceden al mercado de trabajo con escasas necesidades de cualificación y entre los que se reducen las posibilidades de control por parte de las administraciones (servicio doméstico, donde el mecanismo contractual es oral y hay un desconocimiento de la normativa laboral por parte de los empleados).
