El Gobierno estudia los expedientes de 101 presos etarras para un posible acercamiento al País Vasco

El Gobierno tiene sobre la mesa desde finales de la semana pasada los expedientes de 101 presos de ETA, candidatos a un hipotético acercamiento a cárceles próximas al País Vasco si la organización terrorista da muestras antes de junio de su voluntad real de dejar las armas. Son casos de etarras ya juzgados que en su mayoría no tienen delitos de sangre y sin condenas múltiples. Casi todos son colaboradores, chivatos, dirigentes de Jarrai, activistas de la violencia callejera y terroristas que fueron detenidos antes de actuar.

Buena parte de ellos se encuentra ya en segundo grado penitenciario y algunos próximos a su excarcelación tras haber cumplido las tres cuartas partes de la condena.

Fuentes del Ejecutivo informaron de que entre esos 101 terroristas, el 20% de los 494 presos de ETA en España, estaría el grueso de los reclusos que serán enviados a cárceles más cercanas al País Vasco y Navarra, en el que sería el primer gesto del Gobierno ante la organización terrorista una vez que la Policía, la Guardia Civil, la Ertzaintza y el CNI verificasen la voluntad de la organización de dejar las armas.

Los informes de las fuerzas de seguridad tras los primeros diez días de alto el fuego son, según las fuentes consultadas, «positivos» y «alentadores».

Delitos de sangre

La Moncloa no se plantea, por el momento, un cambio penitenciario masivo de la población reclusa etarra. Los excluidos de esta maniobra serán, salvo algunas «seguras excepciones», la mayoría de los 242 miembros de ETA condenados por delitos de sangre o con sentencias de más de 30 años de cárcel por su participación en graves atentados o con responsabilidades en algún aparato de la organización terrorista. De este grupo, 184 están condenados por el Código Penal de 1973, y el resto, 58 activistas, están sentenciados con el nuevo código de 1995.

En ese primer gesto del Ejecutivo después de constatar la veracidad del alto el fuego, tampoco estaría la inmensa mayoría de los 151 presos preventivos de la organización terrorista, 26 están ya juzgados y condenados, pero a la espera de ser enjuiciados por otras causas o a que se resuelvan sus recursos. Hay otros 125 preventivos puros, que hasta ahora no se han sentado en el banquillo y esperan la fecha del juicio.

La Moncloa ha sido informada de las dificultades técnicas y económicas de trasladar fuera de Madrid a presos a la espera de juicio. Instituciones Penitenciarias mantiene concentrados a 102 de los 151 preventivos en las cinco cárceles madrileñas de Alcalá, Aranjuez, Navalcarnero, Soto del Real y Valdemoro.

Prisiones alega el alto coste de los traslados y del servicio de escoltas cada vez que el reo deba ser juzgado en la Audiencia Nacional. Además, la situación de estos reclusos depende en exclusiva de los tribunales que deben enjuiciarles.

El proyecto de traslado, en el que ya trabajan los técnicos del Gobierno, no incluye, en principio, «peticiones generalizadas» de las juntas de tratamiento de los centros al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional para que miembros de ETA puedan acceder de manera masiva al tercer grado, un régimen de semilibertad pues se limita a ir a dormir a la prisión. El análisis de cada caso será «individualizado», aunque estas peticiones no entran en los planes a corto plazo del Gobierno.

Primer esbozo

El equipo de Rodríguez Zapatero -según informaron fuentes del Ejecutivo- ya tiene diseñado un «primer esbozo» de ese posible acercamiento de presos. Cualquier maniobra pasa porque ETA dé señales «inequívocas» de su intención de abandonar las armas antes de junio.

Las fuerzas de seguridad tienen que constatar entre abril y mayo la desaparición de la kale borroka o violencia callejera, la ausencia de actividad en Francia y, sobre todo, el fin del chantaje a los empresarios vascos a través del llamado impuesto revolucionario.

Sólo entonces, ya en junio, el presidente del Gobierno pediría el aval del Congreso para abrir un diálogo con la organización terrorista, y es posible que en esa misma comparecencia en la Cámara Baja anunciaría el acercamiento de un grupo de presos. La aproximación sería similar a la que realizó el Gobierno de José María Aznar en septiembre de 1999, un año después de que ETA declara la anterior tregua. El Ejecutivo popular acercó en aquella ocasión a 105 etarras, 24 de ellos a cárceles de Euskadi.

Por ahora, el Ejecutivo no tiene decidido si el traslado será a los centros penitenciarios del País Vasco. En principio, y a la falta de ver la capacidad de cada prisión, las cárceles que recibirían más presos serían las que se encuentran en un radio de 250 kilómetros de Euskadi.

Dispersión

El Gobierno estudia las posibilidades de once centros bastante saturados de por sí: Zaragoza, León, Asturias, Logroño, Navarra, Soria, Valladolid, Cantabria, Ávila, Burgos y Teruel.

Pese al posible acercamiento, explicaron las fuentes consultadas, la política carcelaria basada en la dispersión no variará.

El Ejecutivo prevé mantener a los presos distribuidos en 56 de las 66 cárceles dependientes del Ministerio del Interior. Todos los centros a excepción de los de Melilla, Ceuta, Baleares y Canarias.