Modernizar la Administración

Todos los Gobiernos democráticos han efectuado propuestas voluntaristas sobre la reforma de la función pública, inevitable si de verdad se quiere modernizar las distintas Administraciones. Pero en todas las ocasiones, la proyectada reforma se ha quedado en nada, o en casi nada, por la sencilla razón de que el cambio necesario ha tropezado con la evidente fuerza electoral que a la hora de la verdad conforman casi dos millones y medio de trabajadores públicos. Y, una vez más, la propuesta del nuevo Estatuto Básico del Empleado Público que acaba de ser presentada por el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y cuyo anteproyecto será aprobado por el Gobierno este mes, está siguiendo los mismos derroteros de anteriores intentos. De entrada, las negativas palabras del ministro, advirtiendo a los funcionarios que se acabaría el «tener el cargo asegurado de por vida» tuvieron que ser rápidamente reconducidas en el sentido de que la ineficacia tendría efectos de pérdida del cargo pero no del puesto de trabajo. La Administración socialista pretende introducir criterios de evaluación periódica del trabajo de los funcionarios, de la que dependería su estabilidad; también, modernizar los métodos de selección, reformular el derecho de negociación colectiva e introducir un código ético y de conducta universal. Pero, salvando el hecho de que no se ha explicado cuáles serían esos criterios de evaluación, ni quiénes los encargados de evaluar a los funcionarios, es evidente que esta propuesta no va a resolver el profundo anacronismo normativo que sufre la función pública; ni tampoco el caos organizativo que caracteriza, sobre todo, a la Administración central.

Este anteproyecto es una oportunidad para implementar en la función pública los principios de productividad y profesionalidad. Para lograr avanzar en esa dirección, más que controles y evaluaciones, que si no son exquisitamente rigurosas e independientes pueden desembocar en la arbitrariedad, lo mas recomendable sería establecer mecanismos de protección de la función pública frente a las presiones partidistas. En lugar de haber censurado, de entrada, a la generalidad de los funcionarios, hubiese sido más acertado por parte del ministro haberse volcado también en encontrar elementos tendentes a estimular al trabajador público -hoy prácticamente carente de incentivos- y en promover su formación continua. Son la carencia de motivación y recompensa por el trabajo bien hecho junto a la discrecionalidad política en las designaciones los factores que colaboran al descenso en la productividad y la eficacia de la función pública en las administraciones.