Retrasos y errores en los juzgados demoran el traslado del 'caso Fuentes' a la Audiencia

Trascurridos más de cuatro meses desde que se conociera el fallo, el 'caso Fuentes' continúa sin ser trasladado a la Audiencia Provincial. El pasado mes de noviembre la sala de lo Penal condenaba al alcalde de El Puerto, Hernán Díaz, por un delito de prevaricación a siete de años de inhabilitación política. Se le acusaba de asignar a dedo al inspector jefe de la Policía Local, José Díaz Otero, en detrimento del demandante Luis Fuentes, quien, en excedencia, había solicitado también acceder a este cargo.

Pues bien, ante el recurso presentado por Díaz, la sala de lo Penal decidió dar traslado del caso a la Audiencia Provincial, y es en este punto en el que aún continúa el proceso. Aunque tras los retrasos acumulados se esperaba que el asunto llegara ayer a la Audiencia, este trámite no se produjo.

Según pudo saber este medio y, sin querer entrar en las conjeturas políticas que ya se comentan, el retraso se ha debido en parte al colapso de expedientes que soportan los juzgados de El Puerto. Al parecer, estas dependencias tardaron más de dos meses en notificar la sentencia al abogado del Ayuntamiento, Luis Garrido, quien participa en el procedimiento junto al letrado particular del alcalde, Felipe Meléndez.

Omisión

Una vez recibida tal notificación, Garrido presentó a mediados de febrero un escrito de aclaración ya que, según pudo comprobar, no aparecía citado en ningún punto de la sentencia. Percibido de este error formal, el juzgado dictó un auto aclaratorio de urgencia en dos días. Al mismo tiempo, contra este auto cabía otro recurso con otro plazo de diez días que finalizó el pasado martes. Entonces, el juzgado prefirió esperar nuevamente a agotar la semana para, a principios de esta misma, trasladar el caso a la Audiencia. Ayer lunes, este hecho no se había producido.

El siguiente trámite será que se asigne la sala donde se dictará la sentencia definitiva. Como adelantó ya este periódico hace unos meses, la defensa de Hernán Díaz ha solicitado comparecer en una vista oral antes de que la sala se pronuncie. Como se recordará, en el escrito que la Fiscal entregó en respuesta al recurso presentado por la defensa, se considera que el comportamiento del primer edil fue «desajustado», ya que se trató de una «obstrucción total y absoluta al cumplimiento de la legalidad, en perjuicio del interés general y objetivo, que le obligaba a unos mínimos de transparencia en la asignación de un cargo».