Los informes técnicos confirman la denuncia de Ecologistas en Acción sobre la depuradora

El juicio de Apemsa contra los cuatro miembros de Ecologistas en Acción (Juan Clavero, José Silva, Carmen Calzado y Regla Raposo) que en 2002 hicieron público una analítica del agua vertida por la depuradora de Las Galeras quedó visto para sentencia. Se presentaron hasta tres informes periciales que demostraban que la calidad del agua vertida no cumplía con el nivel permitido.

Sin embargo, el tema central de la acusación eran las «injurias lanzadas contra Apemsa y sus responsables al afirmar que mentían, que eran inoperantes, y que falseaban los resultados del funcionamiento de la depuradora». La acusación se esforzó, sin conseguirlo, en dejar a un lado los informes presentados «porque la causa era por faltar a la imagen y el honor de la empresa, los responsables de ésta y la ciudad».

Pero el juez dejó explicar a los testigos y a los acusados tanto los informes como las razones que les llevaron a hacer el comunicado de prensa que después fue difundido por los medios y que provocó el proceso legal.

Declaraciones

Juan Gevilla, perito en la Consejería de Medio Ambiente, fue el primer testigo en aportar datos. «Se tendrían que haber hecho un mínimo de 24 pruebas al año de 24 horas y sólo se hicieron seis. En base a una de ellas se realizó la analítica que utilizaron los conservacionistas para su acusación y por ello no se puede decir que mintieran». Luego especificó que tampoco era suficiente para hacer un «juicio definitivo».

No obstante, Camilo Mayán, jefe de sección en la Consejería de Salud Ambiental en Cádiz, confirmó poco después que se cerraron algunas playas al baño público durante 2001 en El Puerto porque «existían vertidos residuales».

Adelardo Gómez, profesor de la Universidad de Cádiz, habló de otro informe pericial que él mismo presentó donde «los valores estaban por encima de la normativa vigente y se podía llegar a la conclusión de que la incumplían». La misma idea que más tarde recalcó Julio Acale, licenciado en Química. Él analizó para los ecologistas los datos aportados por la Junta y comprobó que «el agua superaba los valores exigibles».

Por otro lado, el consejero delegado de Apemsa, Francisco Pérez, reconoció que «los vertidos no siempre fueron correctos. Cuando esto salió a la luz pública se reunió el consejo de Apemsa preocupado. Los técnicos explicaron que el funcionamiento era correcto y decidimos poner la querella».

Pérez dijo desconocer que en el BOJA se había publicado «un informe de la Cámara de Cuentas donde se decía que el funcionamiento de la depuradora no era correcto», así como que «no se sintieron difamados con el cierre de las playas». El juez preguntó si Apemsa había perdido dinero con la publicación del análisis y Pérez contestó que no, en ese momento el juez preguntó la razón de pedir un indemnización, a lo que contestó que desconocía la misma porque el no participaba «en la querella. La ha presentado el gerente de la empresa».