Un modelo para Plaza Sevilla

En el contexto actual de una Bahía muy dinámica y que se embarca en proyectos locales ambiciosos, como corresponde quizás al precalentamiento electoral, sorprende el estancamiento que sufre Cádiz. Sólo en esta semana, hemos leído sobre la inversión en un nuevo Palacio de Congresos, un nuevo parque empresarial y la ampliación del aeropuerto en Jerez, a sumar a la creación de empleo que supone la apertura de IKEA; sobre cómo se afronta en Chiclana, no sin polémica, el problema de la legalización de viviendas ilegales; sobre las rehabilitaciones, en el Puerto, del Monasterio de La Victoria y del Ayuntamiento; cómo, en Puerto Real, se terminó de pactar (entre IU y PP) el centro de ocio, a añadir a la regeneración de su frente marítimo, con un club náutico pesquero, y a las expectativas de empleo alrededor del polígono de Las Aletas. Muchos de estos proyectos han surgido de la colaboración de Administraciones distintas, con varios de estos Ayuntamientos gobernados en coalición, más o menos bien avenida. Las noticias de Cádiz sólo siguen hablando de enfrentamientos políticos. Y tanta crispación, sin resultados, cansa. El Ayuntamiento recibió mal las negociaciones entre la Junta y el Obispado para recuperar para la ciudad el Oratorio de San Felipe Neri cuando, como ocurre en cualquier operación de intercambio de patrimonio, lo normal es que la cierren sus titulares. ¿Molesta que la Junta consiga algo para Cádiz y ya no poder denunciar lo poco que hace por la ciudad? Sería malo eso. Lo cierto es que los grandes proyectos de la ciudad (el segundo puente, el nuevo hospital, la organización nacional de los actos sobre 1812) están, ahora mismo, siendo gestionados por socialistas. Y este partido empieza, también ahora, a llevar la iniciativa de las ideas. Eso explicaría la reacción de la alcaldesa, eligiendo otra vez el enfrentamiento, al amenazar con la expropiación para urbanizar la Plaza Sevilla, los alrededores de la estación terminal de trenes.

Las competencias en planeamiento urbanístico, firma de convenios o calificación del suelo son del Ayuntamiento, pero corresponde a la Junta el control de la legalidad. Las viviendas previstas en el proyecto actual del gobierno local popular no se ajustan a la legalidad; si se eliminan, ADIF (antigua RENFE) no obtiene las esperadas plusvalías para financiar las obras; si no se eliminan, esas viviendas no obtendrían la autorización y serían ilegales: un juez podría no dejarlas construir u ordenar su derribo. ¿Quién querría comprarlas? Esta situación tan compleja exige una negociación que parta de la lealtad, de creer que cada uno ejerce sus competencias sin dobles intenciones. La expropiación entre Administraciones alargaría aún más el problema. Aunque lo diga, no es comparable a la que realizó la propia Teófila Martínez en terrenos de Astilleros, en 1996. Entonces, la negoció con el ministro Josep Piqué, de su propio partido, que no puso objeciones. Ahora estaríamos ante una OPA hostil, en la que se enfrentaría al Estado. Y de ganarla, lo que no es seguro, dentro de quizás diez años, seguiría dependiendo del criterio de legalidad de entonces para construir esas viviendas. Demasiado tiempo como para asegurar que todos esos gobiernos sigan siendo los mismos. Pero hay algo que me preocupa en las declaraciones de Teófila, contradictoria cuando asegura que, con la expropiación, el Ayuntamiento ejecutará lo proyectado, algo que, como vemos, no puede asegurar porque no depende sólo de ella y cuando, a continuación, dice que «si hay que renunciar a las viviendas, se renuncia». Y me preocupa porque transmite que no tiene un modelo de utilidad de esa Plaza Sevilla. ¿Para qué quiere reformarla? Sabemos que la antigua RENFE quiere reformar sus instalaciones sin que le cueste nada, y mejor si gana un capital con la operación. Sabemos que el grupo socialista la quiere convertir en el centro intermodal de comunicaciones de la ciudad, con la construcción de una estación de autobuses. Y, como la alcaldesa negaba la necesidad de esa estación y hacía hincapié en las viviendas, pensábamos que se hacía todo para aumentar la población del casco antiguo, para revitalizarlo, algo loable. Pero si las viviendas no son imprescindibles, ¿qué queda? ¿Una plaza bonita?