El Ejecutivo deja intacto el acuerdo con Iberdrola sobre la compra de activos

El Gobierno no entró ayer a valorar el pacto por el que Iberdrola comprará a Gas Natural, si triunfa la OPA sobre Endesa, activos de gas y electricidad por valor de entre 7.000 y 9.000 millones de euros. Se limitó a concretar las desinversiones que el nuevo grupo tendrá que realizar, pero no se inmiscuyó en quién debe tener acceso a ellas.

Según explicó el vicepresidente Pedro Solbes, los compromisos sellados entre el operador gasista y la eléctrica forman parte de un expediente de concentración independiente, que deberá someterse a las autoridades de la competencia pertinentes. La compañía vasca interpretó esta decisión como un rotundo aprobado al pacto y aplaudió al Ejecutivo «por respetar el principio de libertad de empresa».

La posición del Consejo de Ministros ante el pacto de Iberdrola y Gas Natural era una de las grandes incógnitas que quedaban por despejar, una vez se dio por seguro que iba a aprobar la OPA con condiciones.

Críticas

El resto de las eléctricas ha criticado con dureza un acuerdo que les impide pujar por el grueso de los activos a desinvertir y que alienta la creación de un duopolio. También los reguladores -la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC)- han censurado algunos aspectos del mismo, por su amenaza a la libre competencia.

Finalmente, el Gobierno ha decidido inhibirse en este asunto y, además, ninguna de las condiciones que ha impuesto a la OPA afectan al pacto. Es más, los requisitos que ha establecido parecen formulados a propósito para preservarlo al completo. Así, exige unas desinversiones en generación peninsular de 4.300 MW, de las que 1.200 deben ser ventas de ciclos combinados y hidráulicas modulables. La diferencia son justo los 3.100 que se queda Iberdrola. En relación a los puntos de suministro de gas, sólo dice que el comprador debe ser un «nuevo operador» y contempla a la eléctrica vasca como tal.

Un largo camino

Pese a haber superado este primer escollo, el acuerdo todavía tiene camino que recorrer, ya que debe someterse a los reguladores. Si el expediente se queda en manos de las autoridades españolas y no pasa a Bruselas -una opción no descartable, dado ue afecta a activos internacionales-, lo analizará el Servicio de Defensa de la Competencia, que a su vez deberá pedir un informe a la CNE. Este organismo señaló ayer a este periódico que mantendrá sus objeciones iniciales al pacto. Pero su opinión no será vinculante y el Gobierno tendrá, de nuevo, la última palabra.