El Pentágono establece el protocolo para aplicar la pena de muerte en Guantánamo

Con muy poca fanfarria administrativa, el Ejército de Estados Unidos ha fijado nuevas regulaciones sobre cómo aplicar penas de muerte dentro de la jurisdicción militar. Una inquietante aclaración burocrática considerada como el primer paso para volver a utilizar la pena capital, no aplicada por la Justicia castrense del gigante americano desde 1961, pero que figura entre las posibles opciones de condena para algunos de los detenidos en Guantánamo presuntamente implicados en agravados delitos de terrorismo.

El documento en cuestión, (www.fas.org/irp/doddir/army/r190_55.pdf), con vigencia a partir del próximo 17 de febrero, tiene la firma de Sandra Riley, asistente administrativa del secretario del Ejército de Tierra de Estados Unidos, cargo ocupado por un civil bajo las órdenes de Donald Rumsfeld. Esta detallada revisión se centra en «establecer responsabilidades y actualizar la política y procedimientos para cumplir sentencias de muerte impuestas por cortes marciales o tribunales militares en virtud del Código Uniforme de Justicia Militar y el manual para cortes marciales».

En la actualidad, el Pentágono mantiene a seis militares dentro de su propio corredor de la muerte situado en los 'barracones disciplinarios' de la base Fort Leavenworth de Kansas. Entre estos presos, en su mayoría afroamericanos, se considera que el candidato con más probabilidades de ser ejecutado es Dwight Loving. Este soldado se encuentra condenado a la pena capital por el asesinato de dos taxistas en 1988 durante su destino en Fort Hood, Texas. Pena ratificada por el Tribunal Supremo en 1996.

El último recurso de los abogados de Dwight Loving ante la Corte de Apelaciones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ha sido rechazado el mes pasado. Decisión que junto a las nuevas regulaciones fijadas por el Pentágono, según la agencia Reuters, presagian la próxima ejecución de este soldado acusado de doble asesinato. Procedimiento que en cualquier caso tendría que ser aprobado personalmente por el presidente George W. Bush, ya acostumbrado a este tipo de trascendentales decisiones durante su etapa como gobernador de Texas.

En los anales de la Justicia militar de Estados Unidos, la última ejecución de un uniformado tuvo lugar el 19 de abril de 1961. Un soldado del Ejército de Tierra, John Bennett, fue ahorcado en Fort Leavenworth por la violación e intento de asesinato de una niña austriaca de once años. El año pasado, tribunales castrenses con jurados militares dictaron dos sentencias de muerte. Una contra el sargento Hasan Akbar por atentar contra dos oficiales en Kuwait hace tres años, durante los prolegómenos de la invasión de Irak. Y otra contra el soldado Andrew Witt por asesinar a cuchilladas a un compañero de armas y la esposa de éste.

Dentro de este peculiar contexto de penas de muerte militares -con el método de inyección letal- también se incluye teóricamente la posibilidad de ejecutar en la criticada prisión de Guantánamo a presos extranjeros que sean procesados por graves delitos de terrorismo ante los especiales y polémicos tribunales castrenses organizados por la Administración Bush después de los atentados del 11-S. En la actualidad, una decena de estos detenidos han sido acusados de diversos delitos no merecedores de la pena de muerte. Juicios que no han prosperado al verse sometidos a diversas litigaciones sobre su legalidad.

Pulso judicial

Como parte de este intenso pulso judicial, un magistrado federal de Nueva York ha ordenado este lunes al Departamento de Defensa la publicación de todos los nombres y nacionalidades de los varios cientos de prisioneros retenidos en Guantánamo. Decisión que supone un rechazo a los argumentos de la Administración Bush que ha insistido en que divulgar la identidad de estos «combatientes ilegales» es una violación de su privacidad que les dejaría a expuestos a venganzas terroristas.

La sentencia del juez Jed S. Rakoff se ha producido por una querella interpuesta por la agencia de noticias Associated Press en abril del 2005, que bajo las prerrogativas del Acta de Libertad de Información aspiraba a tener acceso a las trascripciones de los procedimientos judiciales en la esfera militar para determinar si los retenidos en Guantánamo estaban debidamente clasificados como «combatientes ilegales». Información facilitada con todos los nombres pertinentes tachados.