Bruselas no descarta aplazar la liberalización de los servicios portuarios

El comisario de Transportes, Jacques Barrot, se ha comprometido hoy a "sacar todas las consecuencias que se imponen" del voto que emita mañana el Parlamento Europeo (PE) sobre la polémica propuesta de la Comisión Europea de liberalizar los servicios portuarios, y que ha provocado una huelga de dos día de los estibadores de toda Europa.

Barrot abrió así la puerta a la retirada de una directiva que ayer concentró a miles de estibadores europeos en Estrasburgo para manifestar su rechazo. "Es una forma de respetar al Parlamento, que me permitirá concebir mejor el conjunto de la política portuaria para Europa. Me comprometo a sacar todas las consecuencias que se imponen tras el voto", dijo el comisario ante el pleno de la Eurocámara, donde la mayoría de los eurodiputados se mostraron en contra de la normativa elaborada por la antigua comisaria de Transportes, Loyola de Palacio.

Entre las escasas voces de apoyo a la iniciativa se escuchó la del eurodiputado popular Luis de Grandes, que arropó la propuesta de su compañera de partido al considerar que el Parlamento se enfrenta al dilema de "avanzar hacia un verdadero mercado interior" o bien continuar "en un estado de estancamiento". "Yo, por mi parte, estoy decidido a apoyar una propuesta cuyos principios y objetivos básicos quedan recogidos en el objetivo de Lisboa", adelantó De Grandes tras destacar que la propuesta aumentará la "competitividad" y la "eficacia" en los puertos.

En su opinión, frente al miedo de aquéllos que creen que la aprobación de esta directiva conllevará una merma en las condiciones laborales de los trabajadores recordó que hay que dejar claro que la directiva no sólo respeta la normativa de los Estados miembros sobre las condiciones laborales, formación y cualificación profesional, sino sobre aquéllas que se refieren a la salud en el trabajo, seguridad marítima y protección del medio ambiente. Asimismo, para el eurodiputado popular, la transferencia de carga a los puertos aumentará las operaciones en los mismos y ello conducirá a un incremento del empleo.

La socialista Inés Ayala Sender, por el contrario, confió en que el PE "hará lo que debe" y rechazará esta propuesta que, en su opinión, ha demostrado "suficientemente" su inadecuación a las necesidades actuales de los puertos europeos. Además, pidió al comisario que sea "sensible" y prepare cuanto antes un proceso de consulta actualizado "necesario y valiente", que aborde en profundidad todos los aspectos necesarios de los puertos europeos para que éstos sean "los polos de desarrollo económico, social, teconológico y medio ambiental que Europa necesita".

Capitalismo salvaje

Muy duro se mostró también el eurodiputado del Grupo Liberal Josu Ortuondo, que arremetió contra la directiva señalando que, aun siendo partidario de la liberalización, los cambios no se pueden plantear de forma tan "tajante" y sin salvaguardar los derechos de los trabajadores. Además, aseguró que propuestas como ésta han influído en el no francés y holandés a la Constitución Europea.

"Europa y este Parlamento no se deben percibir por los ciudadanos como un instrumento del capitalismo salvaje", alegó. "Debemos modernizar nuestra economía, pero con la necesaria cobertura para las personas afectadas, que son el objetivo de toda acción política. Así contaremos con mayor autoridad moral para rechazar la violencia como la vivida ayer aquí", añadió el eurodiputado vasco.

De las filas del PPE -que se muestra claramente dividido sobre este asunto- salieron también algunos reproches, entre ellos de la eurodiputada belga Marianne Thyssen, que le pidió a Barrot hacer nuevas propuestas y contar para ello con los sectores sociales afectados. Hubo quien consideró un "insulto" obligar al Parlamento a votar sobre una directiva ampliamente rechazada hace tres años y el socialista alemán Willi Piecyk defendió acabar con los monopolios, pero para que se puedan beneficiar los consumidores. Mientras, Joost Lagendijk, del grupo de los Verdes, confió en que la "bomba de relojería" que dejó en "herencia" Loyola de Palacio acabe por "desactivarse".

Política portuaria

El comisario Barrot, tras admitir que las opiniones de los eurodiputados no fueron precisamente un "concierto de alabanzas" y defenderse de algunas acusaciones, reconoció que la política portuaria no puede "reducirse" al actual texto.

"No puedo permitir que se diga que esta propuesta viola todos los derechos sociales existentes en el sector portuario. La Comisión ni tiene la intención de reducir los derechos sociales de los trabajadores de este sector", argumentó Barrot, quien subrayó que la directiva no afectará, en ningún caso, a la legislación nacional en cuanto a las condiciones de empleo.

"Nunca hubiera vuelto a presentar esta propuesta si hubiera visto riesgos tan graves como algunos de ustedes dicen ver en ella", se defendió el comisario. Asimismo, apuntó que el debate parlamentario le mostró todas las dimensiones de la política porturaria, que no pueden "reducirse" a este texto.

"Otros problemas son importantes. Por ejemplo mayor transparencia del coste de los servicios, una competencia más justa entre los puertos o crear inversiones para mejorar la capacidad portuaria. Una política portuaria no puede reducirse a un texto de esta naturaleza", expuso Barrot, quien, en todo caso ,defendió la importancia de contar con puertos "eficaces" dado que son un "eslabón principal" en la cadena de transporte y en el desarrollo de las autopistas del mar porque el noventa por ciento del tráfico exterior de la UE pasa por los puertos.

Las cámaras de Comercio europeas, mientras, apoyan el objetivo de la directiva de aumentar la calidad del servicio en los puertos que, en su opinión, sólo puede lograrse a largo plazo con una mayor competencia, pero piden que la normativa se centre exclusivamente en aquellos puertos donde se dan situaciones de monopolio. "Si este punto no se tiene expresamente en cuenta como una situación excepcional, pediremos a los diputados rechazar el conjunto de la propuesta", aseguran en un comunicado.

Autoasistencia

La Comisión Europea presentó una nueva propuesta en octubre de 2004, tras ser rechazada en 2003 la iniciativa de Loyola de Palacio, con el objetivo de liberalizar la prestación de servicios portuarios en puertos marítimos para lograr mayor competencia y permitir la llamada "autoasistencia", práctica que permite a los armadores prestarse a sí mismo determinados servicios portuarios.

Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT consideran que esta normativa pondrá en peligro la profesionalidad y la seguridad del trabajo de este colectivo de trabajadores y supondrá un riesgo para "la seguridad jurídica en que hasta ahora se basan las multimillonarias inversiones, públicas y privadas, que han convertido a los puertos europeos en los más competitivos del mundo".