La reforma de la Constitución

Lo sucedido en Cataluña, un golpe de Estado blando en cierta manera semejante a los de 1931 y 1934 impulsado por la suma de diversos nacionalismos confabulados en conseguir la secesión, obliga a revisar íntegramente los planteamientos conciliadores progresistas que se realizaron cuando Cataluña empezó a dar signos inquietantes de malestar, tras la sentencia del Constitucional de 2010 que revisaba extemporáneamente algunos aspectos del Estatuto de Autonomía reformado en 2006.

Entiéndaseme bien: aquella rectificación de una norma que había sido convalidada por el Parlamento español, por el parlamento de Cataluña y por el pueblo catalán en referéndum justificaba la irritación y las protestas del nacionalismo catalán, por más que muchos pensáramos -sin tener modo de demostrarlo entonces- que el acaloramiento que suscitó aquel recorte era un pretexto impostado que servía para justificar una indignación desaforada que más bien estaba siendo fabricada desde arriba. Conviene recordar que el referéndum de aprobación de la reforma estatutaria registró una participación de apenas el 48,85 % del censo, con el 73,90% de votos a favor. Las cifras no confirmaban el vehemente fervor patriótico de después, pero las demandas insistentes obligaban a debatir y negociar los cambios del statu quo que mitigaran aquel malestar. Y, como se recordará, se desarrollaron en paralelo dos tesis, una minimalista que mantenía la tesis de que era posible satisfacer las aspiraciones catalanas mediante una revisión del sistema de financiación autonómica y la renegociación de algunas competencias, y otras más ambiciosas que ya postulaban la reforma constitucional para ‘federalizar’ el Estado de las Autonomías y/o avanzar hacia una especie de pacto fiscal, difícil de encajar en la inevitable negociación multilateral que habría de producirse, pero no imposible.

En el periodo comentado, la reforma constitucional se vinculaba ya a la cuestión catalana, aunque en honor a la verdad hay que decir que la propuesta de modernización de la Carta Magna es anterior, y, de hecho, Rodríguez Zapatero la planteó poco después de llegar al gobierno en 2004, dando lugar en 2006 a un célebre informe del Consejo de Estado que todavía mantiene su vigencia.