OPINIÓN
Una patata caliente sin destino claro
El tranvía de la Bahía es uno de los regalos envenenados que se han encontrado los dirigentes de la nueva Junta de Andalucía
Imagínese que sucede en su comunidad de vecinos. El presidente aprueba una obra completamente impopular y que genera notables molestias a todos los convecinos. El presupuesto de la obra, misteriosamente, se va disparando conforme avanza el tiempo y llega, incluso, a sumar casi el doble de lo inicialmente previsto. Para colmo, el tiempo de obra también se disparata, y lo que iban a ser cuatro meses de trabajo finalmente se convierte en un año de tener el portal empantanado. Hay nuevas elecciones en la comunidad y el grupo de vecinos que con más vehemencia se había opuesto al proyecto debe gestionar su fin. Parecería una situación propia de un capítulo de ‘Aquí no hay quien viva’. Pues esta misma situación, mutatis mutandis, es la que se han encontrado los nuevos dirigentes de la Junta de Andalucía con el eterno tranvía de la Bahía que, de conectar todos los municipios en un anillo, de momento se ha quedado en una lanzadera entre Chiclana y San Fernando.
La coalición que gobierna en San Telmo siempre fue crítica con el tranvía. De hecho, Ciudadanos nació en San Fernando como cristalización de una plataforma ciudadana que se oponía a su puesta en marcha. Sin embargo, ahora debe asumir el proyecto, que ya está ejecutado en un 95% y hacer que comience a funcionar lo antes posible. De hecho, si no se pone en marcha antes del 31 de marzo, el proyecto podría sufrir sanciones por parte de la Unión Europea.
Como los vecinos del caso del principio, la prioridad en este momento es aligerar los trámites para que la interminable obra del tranvía (que iba a estar inaugurada, recordemos, en 2011) eclosione en el nuevo medio de transporte. Eso sí, también es imprescindible que una vez que los nuevos gestores se han sentado en sus sillones, se acometa una profunda revisión de las concesiones y circunstancias que han rodeado al tranvía y que sepan explicar por qué el presupuesto pasó de 140 millones de euros a 256. Llegado el caso, habrá que señalar a los responsables y exigirles responsabilidades.
Andalucía en general, y Cádiz en concreto, no pueden permitirse que el cambio de Gobierno signifique una paralización de los grandes proyectos y una revisión de todo lo que ya se ha puesto en marcha. Pero tampoco puede permitirse que no se investigue cada euro que se ha gastado no sea que, como con la Faffe, haya desagradables y escandalosas sorpresas.
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