Educar en la obcecación

Los concertados son centros a los que la administración entrega fondos para que sumen sus servicios y así complementen las carencias de la red de centros públicos. Hace décadas que aparecieron, cuando los centros estatales eran incapaces de cubrir a toda la población en edad de escolarización obligatoria. Décadas después, mantienen su función, lo que puede entenderse como una carencia de la administración pública. Pero, como ventaja, ofrecen una educación dirigida o ampliada con criterios religiosos, los de la Iglesia Católica que es la mayoritaria –con indiscutible amplitud– en toda España.

En el caso hipotético de que la Junta de Andalucía fuera capaz alguna vez de satisfacer la totalidad de la demanda, y el gigantesco peso presupuestario que supone, esa opción religiosa y ese derecho de algunos padres desaparecería. La opción de dar una educación con valores religiosos pasaría a ser un lujo al alcance de un pequeño sector de la población puesto que sería patrimonio exclusivo de algunos centros privados. Porque, ahora, con la fórmula vigente y sobre todo con la libre elección de centro, la educación concertada también es pública. Ambas partes de la educación forman parte de la administración y están bajo su control.

Unos centros de forma directa y otros de forma subsidiaria, a través de un pago económico que vincula de forma inequívoca, con normativa, a los concertados con la Junta de Andalucía. Todos, de una forma o de la otra, están bajo el amparo de las instituciones públicas. El empeño del Ayuntamiento de Cádiz por señalar y cuestionar a los centros concertados es, por tanto, una pose ideológica trasnochada. La libre elección de centro educativo por los padres es un derecho y lo único que asombra es lo tarde que llega.