Lo inconstitucional

En estos últimos tiempos, dos partidos están o han estado discutiendo sobre el parón en que se encuentra la renovación del CGPJ que, no olvidemos, es uno de los tres poderes tradicionales en los que se basa una democracia

Enrique García-Agulló

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Es preocupante el uso cuasi espurio que, en determinadas tertulias televisivas se hace con abierta alegría del término de inconstitucional para calificar las posturas de unos partidos políticos o de los líderes que los conducen. Y máxime cuando esa mayestática invocación se hace por personajes que se pasan la jornada mezclando política con sucesos o con chismes de los que ellos llaman 'celebrities' que, a lo que se ve, por la expansión de sus programas, debe de ser lo más interesante que los españoles podamos ver en nuestras cadenas.

En medio de ese entretener, entre cotilleo y cotilleo, estas reuniones de notoria audiencia, ufanas ellas de su presencia en un medio tan importante como es el de la televisión y quedándose tan pancho, sueltan a sus millones de televidentes quiénes o qué son obedientes o desobedientes a la Constitución.

Lo inconstitucional se desprende de la Constitución en aquello que transgrede lo que taxativamente declara y que hemos aprobado todos los españoles en 1978. Todo lo que vaya contra lo que ahí se dice, sin ambages, sería lo inconstitucional y, en su caso, lo dirimirían los tribunales. Y todo aquello que sea susceptible de su interpretación y que afecte tanto a la posible inconstitucionalidad de las normas públicas, al amparo de los derechos constitucionales que protegen a la ciudadanía o a los conflictos de competencias entre el Estado y las comunidades, lo dirimiría el Tribunal Constitucional formado por miembros de la judicatura y por otros que no lo son.

En estos últimos tiempos, dos partidos están o han estado discutiendo sobre el parón en que se encuentra la renovación del CGPJ que, no olvidemos, es uno de los tres poderes tradicionales en los que se basa una democracia.

Fatiga esa sensación de mercadeo por quienes pretenden gobernar el tercer poder, porque ¿pasa lo mismo con los dos otros dos? Rotundamente, no. El legislativo, lo que más negocia, y desde hace ya bastante tiempo impone, quizás sea el trueque de plazas para situaciones secundarias en las mesas del Senado o del Congreso o, tal vez, en sus Comisiones. El Ejecutivo no negocia la composición de su poder para nombrar al presidente ni a su gabinete de ministros. En todo caso, y si queremos caer en lo tiquis miquis, el presidente es elegido por el poder legislativo que, para esa importante cuestión, no suele ser ya la reunión de nuestros representantes sino los del partido que haya ganado las elecciones y que, en estos días nuestros de tantas convulsiones parlamentarias, son el producto de esas extrañas alianzas de nacionalistas, separatistas o izquierdas de cualquier origen convertidos en compañeros por un fin común para lograr fines propios, lo que ni justifica ni bendice que lo hagan como representantes del pueblo sino más bien como mandatarios de sus partidos, porque raro es el parlamentario que tiene abierto a la ciudadanía un local donde poder ir a verle para contarles nuestras cuitas si no es en la sede de su propio partido.

Este gran bazar en el que se ha convertido lo del poder judicial no es sano ¿Por qué ese afán en negociar el tercer poder que es el único que 'a priori' se muestra más independiente de empeños partidistas, aunque esté ya contagiándose de las contrapuestas corrientes ideológicas de sus asociaciones? Porque aún puede quedar ahí un espacio donde se sitúa precisamente la solemne función de juzgar determinadas conductas políticas que lo merezcan ya que, nuestro juicio final, el de ciudadanos, no va más allá de la papeleta y, eso, cuando toque.

Mientras tanto, con el silencio gubernamental, sí que se ven lesionados otros derechos constitucionales de muchos españoles en determinadas geografías sin que se oiga tachar esas conductas de tanta inconstitucionalidad.

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