Renovar el TC pensando en España

Tal y como informaba ayer ABC, no va a resultar fácil que el Congreso de los Diputados proceda a renovar en tiempo y forma a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que, en puridad, han concluido su mandato. Lo lógico en un régimen parlamentario sería que todas las instituciones en trance de experimentar procesos de renovación cumpliesen de modo escrupuloso cuando legalmente toca hacerlo. Ocurre, sin embargo, que la renovación del TC que corresponde acometer al Congreso se suele dilatar en el tiempo, incluso durante más de dos años. Esta anomalía, derivada de la incapacidad política de alcanzar acuerdos, trastoca además los tiempos máximos tasados de mandato para cada magistrado, que es de nueve años, de modo que aun habiendo vencido en noviembre el plazo de permanencia en el TC de algunos de ellos, su salida se produciría sin cumplir con efectividad esos nueve años. Y eso puede llegar a ocasionar conflictos de interpretación si hay magistrados que saliesen con siete años y medio de ejercicio, en lugar de los nueve previstos por el legislador. Algo similar ocurre en el Consejo General del Poder Judicial, que ya lleva más de un año en prórroga tras vencer su plazo oficial de mandato. La renovación de estos órganos constitucionales permanece a día de hoy bloqueada.

No obstante, los magistrados no son los responsables de la falta de entendimiento político en el Congreso. Son los partidos, y desde esa perspectiva nuestra democracia pierde credibilidad. Para la actual renovación pendiente del TC sería necesario el acuerdo de tres quintas partes del Congreso, esto es, de 210 diputados. Por tanto, es imprescindible un pacto entre el PSOE y el PP que a día de hoy está lejos de producirse. Primero, porque el PP recuperó en noviembre la minoría de bloqueo que perdió en abril, cuando obtuvo 66 escaños; y segundo, porque la actual mayoría del TC tiene un perfil conservador de siete magistrados ante cinco de extracción progresista. Frente a cualquier intento del PSOE por ceder ante el independentismo ofreciéndoles una renovación ad hoc que pudiera resultar favorable a sus intereses, el PP no está dispuesto a regalar ninguna baza en ese sentido a Sánchez. Sería políticamente suicida. Y tampoco es probable que el PSOE acepte una renovación que revalide una mayoría conservadora, más aún cuando el TC ha empezado a romper su unanimidad en cuestiones vinculadas al proceso separatista de Cataluña. Las consecuencias de un Parlamento tan fragmentado son demoledoras, porque la perpetuación de una anomalía en las instituciones no favorece a la democracia. Pero el TC tampoco puede convertirse en un órgano sometido al designio político del Gobierno de turno, y menos si el de Pedro Sánchez pretende avalar que en España hay «ocho naciones».