Golpistas con memoria selectiva

La primera fase del juicio a los doce acusados de dirigir el golpe de Estado del 1-O en Cataluña concluyó ayer con el testimonio de los dos últimos, Jordi Cuixart, entonces presidente de Òmnium Cultural, y Carme Forcadell, expresidenta del Parlamento catalán. A partir de hoy, empezarán a declarar hasta 500 testigos citados para que el Tribunal pueda formarse un criterio sobre la existencia o no de los delitos de rebelión o sedición, sobre la formulación de la violencia que se produjo durante el referéndum ilegal y sobre si hubo malversación de fondos públicos de la Generalitat para organizar la consulta. Hasta ahora, los testimonios de los acusados han sido dispares entre quienes han optado por defenderse de los delitos de que son acusados y los que han considerado que la Sala Penal del Supremo es una tribuna para ofrecer un mitin político. Sin embargo, los acusados que han elegido esta segunda opción se equivocan de plano. Si algo ha puesto de manifiesto hasta ahora la vista oral es la memoria selectiva que presentan los acusados: recuerdan con pelos y señales aquellos hechos que les resultan favorables, pero curiosamente han olvidado todo aquello que les vincula a delitos. La visión de que la Justicia española ha predeterminado la sentencia, y de que son «presos políticos» injustamente tratados por un Estado opresor que no respeta las libertades de manifestación, expresión o acción política, ha quedado desacreditada. El juicio, retransmitido en directo para quien quiera seguirlo, está resultando impecable desde todos los puntos de vista, y nadie en el planeta, ni siquiera los «observadores» a sueldo del independentismo, podrán sostener que se conculca un solo derecho, una sola garantía o una sola libertad.

Ayer, Cuixart no pudo incurrir en más contradicciones. De todos aquellos episodios que la Fiscalía considera jurídicamente como «violentos», Cuixart no se acuerda o no contesta. Como mucho, admitió que hubo actos violentos «de forma aislada y no promovidos» por su organización. Sin embargo, de la «violencia policial» se acordó. Incluso, y en tono chulesco ante el Tribunal, Cuixart se permitió replicar al Rey al sostener que «el Estado de Derecho no está por encima de la democracia», lo cual es tanto como negar la propia democracia. Fue un argumento jurídico absurdo para justificar su desprecio a las resoluciones del TC, que son vinculantes y de obediencia obligada para impedir la celebración de la consulta. Además, Cuixart se jactó de ser uno de los responsables de «la mayor desobediencia civil conocida en Europa». A su vez, Forcadell quedó acorralada por la Fiscalía y fue sorprendida en multitud de renuncios. Sirva como ejemplo uno solo de ellos: «Ningún miembro de la Mesa del Parlament tenía intención de desoír los mandatos del TC». Sin embargo, los desoyeron expresamente. Son hechos. No política.