Europa no quiere separatismos

La decisión del Tribunal de Estrasburgo de respaldar la potestad sancionadora del TC a los agentes del «procés» supone la primera gran derrota de los separatistas. Vendrán más

ABC

Acostumbrados a que algunos jueces belgas y alemanes secunden sus tesis victimistas, los nacionalistas catalanes sólo pueden valorar como un revés sin paliativos la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de rechazar una demanda contra España por el referéndum del 1-O. La demandante era una delegada electoral que se quejó al tribunal europeo por las multas que le impuso el Tribunal Constitucional por desacatar la suspensión de la consulta ilegal. Aunque la decisión europea no entra a valorar cuestiones de fondo, como el derecho a la autodeterminación u otros argumentos habituales del independentismo, si los jueces del TEDH hubieran apreciado una lesión de derechos fundamentales, con toda seguridad habrían obviado las cuestiones de forma. La experiencia con el TEDH demuestra que este órgano no tiene reparos en afear a España incluso cuando los tribunales españoles actúan con escrupuloso respeto a los derechos del ciudadano.

Para el separatismo, esta derrota judicial tiene un significado más político que jurídico: el sancta sanctorum de los derechos fundamentales de los europeos ha dado la espalda a su primer intento de sentar a España en el banquillo de los acusados . El separatismo tiene que asumir que Europa no es terreno propicio para encubrir estrategias separatistas ilegales, porque el nacionalismo ha dejado en su historia cicatrices aún visibles y, muchas de ellas, aún no cerradas. El apoyo de lo más reaccionario y fascista de Europa a los nacionalistas catalanes es una mala tarjeta de presentación en las instituciones encargadas de defender los valores de la democracia liberal y el Estado de Derecho. En el plano puramente legal, la decisión del TEDH respalda la potestad sancionadora del Tribunal Constitucional ante los incumplimentos de sus resoluciones y advierte a los nacionalistas de que deben asumir las consecuencias, incluso penales, de sus actos. Este planteamiento, que parece obvio, no entra en la dura mollera de los separatistas, para quienes el concepto de legalidad es una extravagancia de los Estados democráticos. En eso comparten opinión con sus amigos fascistas de Italia y Bélgica.

El prófugo Puigdemont mostró días atrás su tristeza « porque es evidente que Europa no apoya la causa independentista ». Tiempo ha tardado en enterarse, pero eso no impide a la Generalitat seguir malversando fondos en reabrir «embajadas» que fueron cerradas por aplicación del artículo 155. Ni política ni judicialmente van a recibir respaldo de las instituciones de la UE o del Consejo de Europa, porque son instituciones nacidas para que los europeos no volvieran a sufrir la devastación de los nacionalismos supremacistas.

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