Editorial
El farolillo rojo de Europa
El Banco de España advierte de que estamos en una coyuntura «extremadamente incierta», que somos la economía «que peor lo ha hecho» y, sobre todo, alerta sobre el sistema de pensiones
«De las grandes economías del euro, somos la que peor lo ha hecho», sentenció ayer Ángel Gavilán, el flamante director general de Economía y Estadística del Banco de España, en la presentación previa a la publicación del Informe Anual de la entidad. Gavilán no escondió detrás de un lenguaje tecnocrático la evidencia que indica que somos la economía avanzada que más se ha hundido debido a la pandemia y a la guerra de Ucrania, y la que menos terreno ha recuperado en el rebote posterior. Y añade que hasta finales del año 2023 no volveremos a los niveles de actividad prepandémicos -siempre que no se produzcan nuevas perturbaciones-, y que el Banco de España volverá a rebajar en junio su predicción de crecimiento para este año del 4,5% al 4%, en línea con los vaticinios que Bruselas difundió anteayer, debido a que se ha producido «una desaceleración mucho más intensa» que lo que se esperaba en el primer trimestre.
En su discurso de presentación del Informe, el gobernador Pablo Hernández de Cos subrayó que la economía española transita por «una coyuntura extremadamente incierta» y recogió muchas cuestiones que no por sabidas son menos importantes. La economía necesita urgentemente varias reformas estructurales y un ajuste fiscal que conduzca a contener el déficit y la deuda, al tiempo que hagan más eficiente el gasto público para salir del estancamiento que experimentamos. Pero el informe también ofrece una mirada estratégica que se posa especialmente sobre el desafío climático, el envejecimiento (con la tríada pensiones, sanidad y cuidados a largo plazo), la necesidad de la formación permanente (‘lifelong learning’) y el futuro de la Unión Europea. Son especialmente alarmantes las advertencias sobre la evolución del sistema de pensiones. La reforma ejecutada por el ministro José Luis Escrivá con el patrocinio de Pedro Sánchez, que ha vuelto a ligar la revalorización de las pensiones con la evolución del IPC, pende como una espada de Damocles sobre la estabilidad del presupuesto. Pero el problema no está sólo en la revalorización, sino en los cambios estructurales que ha introducido Escrivá que, en ausencia de nuevas medidas que ayuden a controlar los costes del sistema, lastrarán el déficit y la deuda hasta niveles muy preocupantes.
«Hacer frente a los incrementos del gasto en pensiones que se derivarán del envejecimiento poblacional requerirá de nuevas actuaciones en el futuro por el lado de los ingresos, de los gastos o de ambos», advierte el organismo. «Abordar los numerosos retos que plantea el cambio demográfico exige, al margen de ajustes en el sistema de pensiones, una actuación decidida en múltiples ámbitos. En particular, sería conveniente analizar las razones de la baja tasa de natalidad en España, reforzar el apoyo a las familias y las oportunidades en el mercado de trabajo para las mujeres jóvenes con hijos, y adecuar la política migratoria en nuestro país a las necesidades cambiantes del mercado de trabajo». Las expresiones son duras y elocuentes. Hernández de Cos también aboga por un pacto de rentas con compromisos plurianuales entre los agentes sociales como la forma más razonable de evitar «que se desencadene una espiral de incrementos de precios y de costes, que solo agravaría los efectos nocivos que se derivan del episodio inflacionista actual y del conflicto bélico en Ucrania». Según el gobernador, el pacto de rentas debe incluir las cláusulas de indexación vigentes, la más importante de las cuales es, precisamente, la que afecta a las pensiones.
