Parar el descrédito de la Fiscalía

Sin prejuzgar responsabilidades parece evidente que los dos fiscales adscritos al caso de Pablo Iglesias y la tarjeta del móvil de su ex asesora, Dina Bousselham, deben ser apartados de esa investigación. La alternativa a su continuidad es que sea el juez instructor, Manuel García Castellón, el que los aparte por la vía de hecho, asumiendo la investigación, sin pasar por la previa opinión de la Fiscalía. La existencia de mensajes no desmentidos entre la abogada de Iglesias y los fiscales del caso es motivo para que el fiscal jefe de Anticorrupción ataje de raíz el cuestionamiento del papel de su departamento. Una defensa corporativista de los fiscales del caso Iglesias es un error doble, porque pone en riesgo la legalidad de las actuaciones del propio Ministerio Fiscal y porque perpetuará la sospecha y la atención informativa sobre los dos fiscales que están interviniendo en la investigación. Si estas consideraciones de corte jurídico procesal son relevantes, más aún lo son las políticas, que señalan al vicepresidente Iglesias como beneficiario de una estrategia común entre su abogada y los fiscales anticorrupción. Es inimaginable que Iglesias no estuviera al corriente de los canales privados de comunicación entre una y otros y, por tanto, los consintiera. El beneficio de este apoyo ilegal que, al parecer, prestaba la fiscalía a su abogada aumentaba a medida que se desvanecía la teoría de las «cloacas del Estado». No, no ha habido conspiración contra Iglesias desde el Estado, sino una historia sórdida de la que el vicepresidente quiere zafarse simulando haber sido víctima de un delito. Lo que también es un delito según el Código Penal.

El Ministerio Fiscal no puede convivir con este escándalo ni un día más. Salvo que la sumisión política de la Fiscalía, que comenzó con la designación de Delgado como fiscal general, ya domine enteramente el funcionamiento de la institución.