Un «impeachment» envenenado

No es la primera vez que Estados Unidos pone en marcha el proceso de destitución contra su presidente, aunque sí la primera ocasión en la que este mecanismo desencadena una fractura tan profunda y evidente entre la clase política y la sociedad norteamericana. Las acusaciones formuladas contra Donald Trump son graves y requerirían un análisis sereno que en estos momentos no parece fácil en Washington, donde demócratas y republicanos se dividen en función de sus intereses partidistas -ya electorales- en un proceso que debería ser puramente jurídico. Habitualmente, la política debe servir para resolver de forma civilizada las diferencias que aparecen entre los distintos sectores de la población. Sin embargo, es muy mala señal que, como sucede en este caso, sea el uso de esas reglas lo que desencadene una situación de confrontación social. La transformación que han hecho tanto demócratas como republicanos de un mecanismo legal excepcional y grave como este, reducido a vulgar munición partidista, es un error que tiñe todo el panorama con una niebla de confusión. El hecho de que el presidente Donald Trump sea un dirigente con un comportamiento cuando menos heterodoxo no es un factor que facilite la aplicación de las reglas, como tampoco contribuye a la serenidad política la circunstancia de que el país entre en un periodo electoral, una mezcla potencialmente muy peligrosa para la certeza que requiere una situación como esta.

En todo caso, y una vez que el proceso ha sido iniciado, la única salida es mantener intacto a toda costa el mecanismo legal e institucional, que es lo que debe prevalecer. Los presidentes -Trump incluido- son y deben ser pasajeros. Lo que permite esa alternancia en paz y estabilidad es la solidez de las reglas y las instituciones.