El ERTE del Tribunal Constitucional

Basta mirar el papel del Tribunal Constitucional desde que se declaró el estado de alarma para constatar hasta qué punto el Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido los poderes extraordinarios de esa medida en un presidencialismo hegemónico. El Parlamento recuperó algo de su tensión funcional en la votación de la última prórroga. El propio Gobierno es un caos interno, sin coordinación política, ni mensaje estratégico, anulando de hecho su funcionamiento colegiado. De los tres poderes del Estado, a los españoles solo les queda la esperanza de la Justicia. Y tampoco la respuesta está a la altura. La paralización de la actividad judicial ha llegado a ser radical. En todo caso, dado que el estado de alarma actual está inmerso en una sucesión de prórrogas más que discutibles desde el punto de vista constitucional, la ausencia inexcusable en esta crisis de libertades y derechos es la del Tribunal Constitucional.

El Consejo de Ministros se reúne de forma presencial y telemática. El Congreso de los Diputados celebra plenos y comisiones. Algunas salas del Tribunal Supremo siguen deliberando y sentenciando. Pero el TC, formado por doce magistrados, no ha celebrado una sola reunión física, pero tampoco telemática. Y la única resolución que ha dictado -confirmando la prohibición de una manifestación el 1 de Mayo- sembró la división y la confusión entre sus magistrados. Este tribunal tendría que estar en la primera línea de la actividad del Estado, precisamente porque el Estado se encuentra en alarma, las competencias autonómicas están en discusión y las libertades de expresión y reunión se hallan sometidas a una coerción gubernamental sin precedentes. El temor al contagio tiene solución con medidas de prevención que están aplicando ya millones de ciudadanos. No era el momento para que el TC hiciera un ERTE.