España investiga a varias empresas presuntamente vinculadas con actividades de pesca ilegal en la Antártida

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está procediendo a inspeccionar las sedes de varias empresas, por su presunta vinculación con buques incluidos en la lista de pesca ilegal de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos de la Antártida (CCRVMA).

La operación bautizada como «Sparrow», todavía en curso, se está desarrollando en empresas situadas en la provincia de A Coruña, tras meses de investigación reforzada con la cooperación internacional. Los servicios de inspección pesquera están procediendo a examinar numerosa documentación física y electrónica, que continuará siendo analizada en los próximos días.

Se trata de un operativo sin precedentes en la Unión Europea que, amparado en la reciente reforma de la Ley de Pesca Marítima, sitúa a España, más si cabe, al frente de la lucha contra la pesca ilegal a nivel internacional.

La operación «Sparrow», que cuenta con el despliegue de unidades de inspección pesquera de varias provincias, podría conllevar la apertura de diferentes procedimientos sancionadores en materia de pesca marítima. Esta actuación viene a sumarse a los importantes logros alcanzados por el Ministerio en materia de lucha contra la pesca ilegal desde enero de 2012, que hacen de España el país de referencia mundial en la materia.

Tras la imposición, en los meses de febrero y octubre de 2014, de sanciones a tripulantes españoles enrolados en buques incluidos en la lista negra de la CCRVMA, por sus actividades de pesca ilegal en la Antártida, esta operación del Ministerio se desarrolla ante los indicios de presuntos vínculos de varias empresas españolas con buques incluidos en la citada lista negra.

Tal y como ha reiterado la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la lucha contra «esta lacra debe ser un objetivo común en el que todos deben asumir responsabilidades», defendiendo a los operadores legales frente a aquellos que no sólo compiten deslealmente, sino que ponen en riesgo la sostenibilidad de los recursos pesqueros, ya que «no se puede aceptar ni asumir la existencia de pabellones o puertos de conveniencia», manifiesta Isabel García Tejerina.

Los servicios de inspección pesquera vienen desarrollando complejas investigaciones, en estrecha colaboración con países aliados en la lucha contra la pesca ilegal, como Nueva Zelanda, así como con el apoyo de organismos internacionales como la Comisión Europea, la CCRVMA o Interpol, con el objetivo de recopilar evidencias que acrediten los presuntos vínculos anteriormente citados, informa el Magrama en una nota.

«Nuestra coalición - EJF, Oceana, Pew y WWF- se congratula por las medidas aplicadas por el Gobierno español para acabar definitivamente con la participación histórica de algunos operadores españoles en actividades de pesca ilegal y no declarada realizadas en todo el planeta. Los Estados miembros de la UE están demostrando que su compromiso con la erradicación de la pesca ilegal no se limita al mercado de la UE y que consideran que ningún ciudadano de la UE debería beneficiarse de dichas operaciones ilegales, independientemente del lugar del mundo en el que se lleven a cabo», ha comentado María José Cornax, directora de campañas de pesca de Oceana Europa.