El automóvil pierde la paciencia con el Gobierno: «No podemos esperar más»

En una carta conjunta, las patronales Anfac, Faconauto, Ganvam y Sernauto piden a la ministra de Industria, Reyes Maroto, un plan de choque urgente que salve al sector. Reprochan no haber recibido aún respuesta a sus demandas, presentadas hace dos semanas, y reclaman «coordinación» entre ministerios

U. Mezcua

El automóvil sube un grado el tono contra el Gobierno. En una carta conjunta remitida a la ministra de Industria, Reyes Maroto, las principales patronales sectoriales reclaman un plan de choque urgente que alivie la situación de extrema debilidad generada por causa del coronavirus. Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios), Sernauto (proveedores) y Ganvam (vendedores) reclaman al Ejecutivo que escuche sus demandas, planteadas hace ya dos semanas.

Según critican, aún no han recibido una fecha para poder presentarlas y desarrollarlas de manera conjunta y urgente. Esta semana, el sector ha comenzado a recuperar algo de pulso, con la reapertura, con reducidos niveles de producción, de las plantas de Seat en Martorell, Volkswagen en Navarra y Mercedes en Vitoria, pero los concesionarios siguen aún cerrados y las previsiones apuntan a caídas del mercado superiores al 35% en el acumulado de 2020.

«No podemos esperar más a que se pongan en marcha medidas que palíen el impacto que esta crisis ya está teniendo. Se nos acaba el tiempo», asegura Gerardo Pérez , presidente de Faconauto. «Sin un plan de choque nacional e integral, la viabilidad del sector de automoción en España está seriamente comprometida», amplía José Vicente de los Mozos , presidente de Anfac, según el comunicado distribuido por las patronales.

El sector insiste especialmente en reclamar una «mayor coordinación entre los ministerios encargados». Reprochan así, por ejemplo, que el Idae, dependiente de Transición Ecológica, continúe adelante con el plan de incentivos al vehículo eléctrico Moves «de manera unilateral y sin comunicarlo previamente al sector de la automoción».

El vehículo eléctrico, por ahora, supone un porcentaje minúsculo de las ventas, inferior al 5% del total, y por ello consideran estas ayudas insuficientes para capear el temporal desatado por el Covid-19. Ante ello, lo que reclama el sector son ayudas directas a la adquisición de vehículos nuevos sin importar su tecnología, como los planes Pive y Prever que, en su día, se articularon a través del Ministerio de Industria. Anfac, Faconauto, Sernauto y Ganvam reclaman además que el plan de choque integre un esquema de actuaciones completo, «en el que hay planes para el impulso de la demanda y el mercado, medidas fiscales y de apoyo a las empresas e iniciativas para la reactivación de la inversión en producción», con el objetivo de recuperar tanto la demanda como la producción de vehículos y el empleo, «de manera compatible con la descarbonización del parque, compromiso al que no renunciamos».

«Es necesario incentivar la demanda de todo el mercado y no solo de una tecnología en concreto para insuflar confianza a todos los perfiles de consumidores y no solo a aquellos con presupuestos más altos», dice Raúl Palacios , presidente de Ganvam. «No hacerlo sería una irresponsabilidad y un gran riesgo para un sector que sustenta el 10 % del PIB nacional y el 9% de la población activa españolas», apunta, por su parte, María Helena Antolín , presidenta de Sernauto.

«Todo apoyo prestado al sector es doblemente eficiente: desde el punto de vista productivo, porque es un sector tractor sobre el resto de la economía y desde el punto de vista público, porque los apoyos al sector tienen un alto retorno de ingresos fiscales», afirman las asociaciones en su carta a la ministra. No en vano, dicen en su comunicado, cada millón de euros destinado a ayudas a la renovación del parque supone 1,7 millones adicionales de recaudación fiscal, principalmente por IVA y Matriculación e inyecta 3,4 millones más al PIB nacional. Precisamente este martes la asociación europea ACEA ha desvelado que la automoción aportó, en 2018, un total de 29.973 millones de euros a las arcas españolas, siendo el quinto país europeo con mayor peso del sector en la recaudación.

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