El alcalde de Fuenlabrada: «No conocía la situación del trabajador»

El alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles (PSOE), ha declarado este martes en el Juzgado de Instrucción número 4 de la localidad donde gobierna. Se le acusa de haber incurrido presuntamente en delitos contra la integridad moral, prevaricación y de lesiones hacia el letrado del Ayuntamiento Ricardo de Montes, al que finalmente se apartó de su puesto –coordinador de personal– sin jubilarle y sin ofrecerle otro cargo de su categoría después de que se negara a aprobar un nuevo organigrama de directores generales en el Consistorio.

Robles ha sido sometido a las preguntas del abogado de De Montes, José María Ruiz, quien se persona en la causa como acusación particular a través de Manos Limpias. De forma amable y respetuosa ha respondido afirmando: «No conocía la situación» del querellante, han informado fuentes judiciales.

Persecución

Se trata se demostrar con este proceso que después de que De Montes se opusiera a los nuevos mandos, cuando Fuenlabrada empezó a regirse por la Ley de Grandes Ciudades –porque no se ajustaba a la ley–, comenzaron las presiones y la persecución por parte de sus superiores. Incluso le espiaron con cámaras, le trasladaron y le relegaron como administrativo sin competencias.

De Montes, adolecido de una enfermedad de corazón, empeoró su estado de salud por esta situación. Si se prueba que existe relación causal entre las dolencias del querellante y los hechos, podrían ser constitutivos de un delito de lesiones.

Dos cambios

Un tribunal médico reconoció a Ricardo de Montes posteriormente una incapacidad del 55 por ciento. Éste solicitó un nuevo puesto laboral compatible con su estado de salud, pero el alcalde, desobedeciendo un auto del 20 de noviembre de 2009 del Juzgado de lo Contencioso número 3 de Madrid, no admitió la solicitud de adaptación del funcionario.

Primero se le trasladó a un puesto de Compras y Contrataciones, del que ha dicho el alcalde que era de los más importantes. Después, cuando lo denunció De Montes, se creó un puesto en Sanidad para tramitar expedientes, donde fue destinado.

La defensa del funcionario ha pedido pruebas documentales, ya que este traslado a Sanidad es «para ocupar un puesto que no existía en virtud de una junta que no se celebró. Pedimos que se aporten esas pruebas», ha afirmado el letrado de Manos Limpias.

Robles se ampara en la legalidad, ya que, ha manifestado: «Los decretos obedecen a necesidades de los departamentos». Se escuda en que Ricardo de Montes, quien no ha asistido a la cita judicial, y se encuentra jubilado a sus 64 años, no pudo volver a su puesto porque ya estaba amortizado.