El Supremo se declara competente para investigar a la alcaldesa de Cartagena por el caso 'Novo Carthago'

El Tribunal Supremo se ha declarado este lunes competente para instruir y en su caso enjuiciar a la alcaldesa de Cartagena (Murcia), Pilar Barreiro, que también ostenta el cargo de diputada, por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con la trama de corrupción urbanística del caso 'Novo Carthago'.

A finales del pasado mes de septiembre el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Manuel Abadía, elevo al Supremo una exposición razonada en relación a los hechos investigados en este procedimiento sobre prevaricación administrativa tras la negativa de la diputada y alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, a comparecer voluntariamente en la causa.

En un auto dado a conocer este lunes, la Sala de lo Penal acuerda abrir un procedimiento para continuar con la investigación de los hechos recogidos en la citada exposición razonada y sobre la participación en los mismos de la aforada.

Los magistrados afirman que tanto el instructor del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, como el ministerio Fiscal, aprecian la posible concurrencia de indicios de un supuesto delito de prevaricación "al haber impulsado una modificación urbanística arbitraria, en función de intereses particulares, lo que justifica la continuación de la investigación en la sala".

Declaración voluntaria

Por su parte, la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, diputada nacional del PP por Murcia, anunciaba poco después de conocerse el auto judicial, que solicitará acudir a declarar voluntariamente ante el Tribunal Supremo por su posible implicación en la supuesta trama de corrupción urbanística del caso Novo Carthago.

Barreiro ha asegurado que tiene "la absoluta certeza de que la investigación abierta reconocerá la rigurosa legalidad de los trámites seguidos por el Ayuntamiento de Cartagena.

En esta causa se investiga una presunta trama de corrupción urbanística relacionada con la construcción del resort 'Novo Carthago', que consistía en la construcción de hoteles y más de 10.000 viviendas en una zona que estaba calificada como de especial protección para el Mar Menor y donde una parte de los terrenos eran LIC, ZEPA y ZEPIN y por otra parte como no urbanizable de protección del trasvase (NUPT).