Imputado el coordinador de Ciudadanos en Guadalajara por acoso psicológico

El juzgado de instrucción número 3 de Guadalajara ha citado a declarar en calidad de imputado a Alejandro Ruiz de Pedro, coordinador provincial de Ciudadanos en Guadalajara y portavoz municipal en el Ayuntamiento, por un supuesto caso de acoso psicológico a una militante.

Según la documentación judicial a la que ha tenido acceso Efe, el magistrado-juez Jesús Manuel Villegas ha citado a declarar a Ruiz de Pedro el próximo día 21 de julio a las 12.15 horas, como imputado por un «delito sin especificar», en base a la denuncia de la coordinadora local de Guadalajara, Hermela Zarza, que lo acusa de un «delito contra la integridad moral».

De acuerdo con el texto de la denuncia presentada contra el coordinador provincial de Ciudadanos, éste se habría dirigido a Zarza en repetidas ocasiones y delante de más afiliados con expresiones como «loca, enferma, cállate ya, que no tienes ni puta idea de lo que hablas, entérate de una vez que yo estoy muy por encima de ti».

Asimismo, la habría excluido de todos los grupos de Whatshapp del partido, excepto del de afiliados de la capital alcarreña, si bien nunca le habría contestado a ninguno de sus mensajes «haciéndole el vacío más absoluto en el que cooperan ahora el resto de miembros de la directiva».

Además, añade, el imputado «se habría encargado de vejarla, humillarla y ningunearla y presentarla como enemiga e inútil ante el resto de miembros de la directiva y de todos los afiliados» «con el fin de desactivarla y hacerse con la simpatía de los afiliados para perjudicarla».

En tratamiento psiquiátrico

Por todo ello, la denunciante ha asegurado al juez que «se encuentra en tratamiento psiquiátrico por tanto desprecio y humillaciones públicas» del imputado, al que acusa de actuar así con un único fin: «Intentar que abandone el partido y poder actuar así a sus anchas». Según el texto de la denuncia presentada en el juzgado, los hechos supuestamente cometidos por Ruiz de Pedro estarían castigados con penas de entre seis meses y tres años de cárcel o con multa de 12 a 24 meses, dependiendo de la gravedad de los medios empleados en las coacciones.