Traballo reforzará el control sobre los cursos para evitar alumnos ficticios

Suma y sigue de la «operación Zeta» en el Parlamento gallego. Estos casi dos meses llenos de preguntas al presidente de la Xunta y diversas iniciativas sobre este tema desembocaron este martes en una comparecencia monográfica de más de dos horas. A petición propia, la conselleira de Traballo y Benestar explicó los tipos de formación, el funcionamiento de cada uno de ellos, sus inspecciones, el resultado de éstas —cinco programas se pusieron en conocimiento de la Fiscalía al detectar irregularidades— y las nuevas medidas que se pondrán en marcha para reforzar el control sobre las ayudas públicas destinadas a la formación.

Beatriz Mato ha dejado el anuncio para su turno de réplica, después de que toda la oposición pidiese, en tromba, su dimisión.

«La Consellería está ultimando la elaboración de un manual de control de subvenciones» , especificó la conselleira, con tres líneas fundamentales que serán efectivas en la próxima orden de ayudas de este mes. La primera de esas medidas se basa en la puesta en marcha de un «control presencial y exhaustivo» de los cursos.

Para ello, se utilizará una aplicación informática con la que Traballo pueda hacer un seguimiento al detalle de la actividad formativa. El alumno deberá poner su huella digital todos los días en un aparato que tendrán que suministrar las empresas, aunque podrán computarlo como gasto, según aseguran fuentes de la Consellería. Este nuevo sistema está pensado para detectar la existencia de alumnos ficticios, práctica utilizada por varias de las empresas investigadas en la «Zeta» para conseguir subvenciones. En caso de no tratarse de una actividad presencial, se requerirá el DNI electrónico.

La segunda de las medidas bebe de las recomendaciones del Consello de Contas, hechas públicas recientemente en su informe anual. Tras analizar la utilización de las ayudas a la formación por parte de varias sociedades o sindicatos, el órgano sacaba a relucir una práctica habitual: la subcontratación. Aunque permitida a efectos legales, Traballo prohibirá la posibilidad de subcontratar empresas para la docencia. Esta fórmula sólo se permitirá si son personas físicas, ya sea como autónomos o como trabajadores por cuenta ajena. Y como tercera pata de ese manual, se pondrá en marcha una auditoría «de solvencia». En concreto, la justificación de las ayudas deberá estar avalada por un auditor registrado.

La oposición no gastó ni un minuto en valorar las propuestas, sino en derivar una trama que investiga un presunto fraude masivo en cursos de formación al campo de la supuesta financiación irregular del PP. Todos los grupos coincidieron en insistir sobre este asunto y en pedir la dimisión de Mato, a quien también acusaron de «mentir». Ese fue el leitmotiv tanto de las intervenciones de las dos diputadas del Grupo Mixto —se repartieron el tiempo para repetir casi lo mismo— como de BNG, AGE y PSOE.

La nacionalista Montse Prado echó mano de Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, para reprobar la «realidad idílica» de la conselleira. La viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz, pidió también la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo, a quien la socialista Marisol Soneira situó como «máximo implicado» de la «operación Zeta».

«Echada al monte»

Para todos ellos tuvo palabras el popular Miguel Tellado al recordar los casos más polémicos de cada fila. «El investigado en Lugo es el gobierno de Besteiro, en el caso de la 'Zeta', la Xunta es el denunciante», afeó al PSdeG. No escatimó en referencias a una oposición «echada al monte», que «sólo quiere carnaza miserable» y «asienta sus bases en la insidia», señaló.

«Realmente no les interesa el fraude, sólo la salsa rosa, el Sálvame Deluxe», protestó Mato, que previamente había realizado un amplio resumen sobre los tipos de actividades formativas existentes —cursos para desempleados, ocupados y programas integrados de empleo—, así como un cronograma de los controles realizados por la Xunta a cinco empresas (Fundefo, AED —ambas de Gerardo Crespo—, USO, Feaga y Federación de Hostelería de La Coruña), cuya información la Xunta puso en manos de la Fiscalía.

Denuncias diferentes

Mato quiso diferenciar entre esa actuación y la denuncia ante la Xunta, primero, y ante la Policía, después, de dos ex empleadas de Caype. Se trata de una cuestión que todos los grupos de la oposición recuerdan para resaltar que fueron estas trabajadoras, y no el Ejecutivo autonómico, quienes denunciaron. Pero la conselleira alegó: «Lo que denunciaron las trabajadoras y nosotros son cosas totalmente diferentes». Según ella, la de las empleadas se refería a una mala gestión de la ayuda concedida por la Xunta, seguida de un «impago de nóminas». Cuando Traballo lo comprobó, retiró la subvención a Caype.

En el lado opuesto se encuentra la denuncia de la Xunta en marzo de 2012, que sólo alude a esas cinco empresas. Pero cuando la Policía Judicial se presentó en las dependencias de Traballo tres meses después, no sólo solició información de éstas, sino también de Caype. Fue entonces «cuando somos conscientes de la apertura de una investigación sobre una empresa que no era ninguna de esas cinco», aclaró Mato.