Dos empleadas de Crespo admitieron a la Policía irregularidades en los cursos

Dos empleadas de Azetanet admitieron ante la Policía el pasado mes de septiembre lo que revelaban las conversaciones telefónicas intervenidas durante la instrucción judicial de la «operación Zeta»: los cursos de formación financiados con dinero público se gestionaban de manera irregular, y las indicaciones las daba en todo momento Gerardo Crespo.

Así lo reconoció Alicia Cordeiro, empleada de Azetanet desde agosto de 2008. En la declaración recogida en el sumario, la trabajadora manifiesta que Crespo les dijo «desde un inicio» que «la formación estaba para ganar dinero». Según la empleada, «los cursos de formación que se debían desarrollar» dentro de los Programas Integrados de 2008 a 2010 «no se estaban llevando a cabo, a pesar de lo cual por el grupo Azetanet se libraban facturas por su ejecución».

Estas facturas, señaló, eran definidas por Gerardo Crespo, que detallaba «cada concepto» y se lo trasladaban a otro departamento de la empresa. «Era absolutamente obvio que la formación que se facturaba en Azetanet» y «que debía llevarse a cabo en esos Programas Integrados no se estaba realizando». Y la propia Cordeiro lo atestigua porque ella «lo gestionaba todo».

Más explícita si cabe resultó la declaración policial de la contable de Azetanet, Susana López Otero. Según recoge el acta de su testimonio, era conocedora de que Azetanet «realizaba devoluciones o retornos en metálico y a través de contrafacturas a múltiples clientes», es decir, comisiones a cambio de recibir el encargo de coordinar los cursos de formación para el que esas empresas recibían fondos públicos.

Ese pago en metálico, según López Otero, lo ordenaban Crespo o su directora financiera, Margarita Ordóñez, y se apartaba para ingresarlo «en la Caja B, siendo este un cajón de su mesa de trabajo». La contable asevera además que ese dinero se llevaba en mano a los clientes y entidades como Caype, a la que ella misma entregó sobres con las comisiones.

Facturas cruzadas

Otro modo de pagar esas «devoluciones» era «con la confección de facturas cruzadas», en las que «Gerardo Crespo decía a quién facturar y el concepto de lo que se debía anotar, así como la empresa que debía hacer la factura». Para López Otero, «los conceptos eran evidentemente falsos en estas facturas de devolución».

La capacidad de Crespo como gestor económico también queda en entredicho en la declaración de la contable de Azetanet. «Muchas veces sólo tenía como medio para cuadrar los pagos tras orden suya el anular facturas, las cuales ya figuraban como presentadas en organismos oficiales», y atribuye el hecho de que el empresario la acabara despidiendo a que «le decía las cosas que estaba haciendo mal y no se podían hacer».

Susana López también se refirió a los pagos «a determinadas personas y funcionarios, porque así se lo refería Gerardo», y aunque «no sabía quiénes eran ni qué cargos ocupaban» recordaba « a un tal Odilo, Freijido, Juan Chas». Se trataría de los dos altos cargos de la Consellería de Traballo cesados por su presunta implicación en este caso y el funcionario provincial y representante vecinal.

Pagos a cargos y funcionarios

Según los informes policiales, Odilo Martiñá, ex director xeral de Traballo, habría recibido presuntamente unos 18.000 euros de la trama corrupta entre 2006 y 2011; Luis Alberto Álvarez Freijido, ex jefe territorial de Traballo en La Coruña, 8.000 euros en enero de 2011; y Juan Sáenz-Chas, representante sindical en la Diputación y presidente de la asociación vecinal Salvador de Madariaga, habría sido «beneficiario de unos 25.000 euros entre efectivo de la Caja B y receptor de talones».

Lo que también indica la contable es que «Gerardo en dos ocasiones le pidió reintegrar dinero para hacer dos sobres destinados al Partido Popular», aunque no detalla la cantidad. La Policía ya señaló la existencia de dos asientos contables en el año 2011 con el concepto «Partido Popular» por un total de 17.000 euros, pero no acreditó que se hubiesen producido. El PP ha negado haber recibido cantidad alguna de Crespo.

Inspecciones desde 2012

Otra de las declaraciones jugosas de Alicia Cordeiro tiene que ver con la labor de inspección de la Consellería de Traballo. En su testimonio se recoge que la primera inspección de los programas de Azetanet se efectuó «en marzo de 2012 [...] yendo técnicos de la Xunta» a las instalaciones de la empresa. «También inspeccionaron otras entidades, llegando poco después la revocación de esos programas integrados», relata.

Cordeiro asegura que esa fue «la primera vez que, en su estancia en Azetanet», se realizó una inspección. Esta empleada entró en 2008, lo que coincide con las manifestaciones realizadas esta semana por la conselleira Beatriz Mato, en las que afirmaba que el bipartito (2006-2009) concedió subvenciones a estas empresas sin realizar comprobación alguna de su uso, y que fue el actual gobierno quien las puso en marcha tras la denuncia de dos extrabajadoras a finales de 2011.

Detalles del presunto fraude

La trabajadora no ahorra detalles sobre las prácticas presuntamente fraudulentas de Crespo. «En los talleres de los programas de 2011 no se hicieron todas las horas que se documentaron en facturas, siendo talleres donde se mezclaban usuarios de programas», explica.

Incluso cuando Traballo inicia el expediente de revocación de las ayudas concedidas a Crespo, también se recurre a «visitas inventadas a empresas documentadas en las alegaciones». Pero hay más: «en los gastos del programa integrado se imputaba el porcentaje máximo con factura de empresa vinculadas a Gerardo».

Y como colofón, un relato de cómo funcionaba la empresa: «Gerardo se metía en todo y no delegaba nada, él decidía todo, era su empresa y él la dirigía. Muchas compañeras comentaban que tenían discusiones con él al advertirle que no hacía bien las cosas». Esta semana, Crespo pedía que se reconociera «la profesionalidad, el buen hacer y la rigurosidad de todos mis trabajadores». Eso, al menos, sí era cierto.

Crespo guardó silencio

Frente a la locuacidad que se ha apoderado de Gerardo Crespo esta semana, con diversas entrevistas en periódicos coruñeses, cuando el empresario se vio ante la Policía el pasado 22 de septiembre optó por acogerse a su derecho a no declarar. Similar actitud mostraron su mujer, María del Carmen Canel; el presidente de Caype, Eliseo Calviño; la directora financiera, Margarita Ordóñez u Odilo Martiñá.

Entre los que sí colaboraron con la Policía en esta toma de declaraciones estuvo Juan Sáenz-Chas, funcionario de la Diputación Provincial, presidente de la Asociación de Vecinos Salvador de Madariaga y de la federación de vecinos de la Marina. Este «amigo de la infancia de Gerardo Crespo», «militante del PP», aseguró que «de ninguna manera ha pedido a responsables del Partido Popular en La Coruña que le ascendieran» en la institución provincial.

Igualmente, «Gerardo jamás le pidió que presionara en la Diputación» para que Crespo «cobrara facturas de su grupo empresarial», y dijo «no recordar» si el empresario le comentó en algún momento «que haya entregado dinero al PP». Por último, negó que Carlos Negreira le hubiera pedido «montar asociaciones vecinales».