Una juzgado admite una querella contra cinco exconsellers del PP por ocultar datos

El juzgado de Instrucción número 2 de Valencia ha admitido a trámite la querella criminal presentada el pasado 24 de julio por Esquerra Unida contra cinco diputados del PP de la anterior legislatura: María José Catalá, José Ciscar, Máximo Buch, Isabel Bonig y Serafín Castellano. Bonig es en la actualidad presidenta del PP de la Comunidad Valenciana y Císcar en Alicante. Buch ha dejado la política y Castellano está imputado en otro caso por presunta corrupción.

Según ha informado EU en un comunicado, la juez de instrucción y el Ministerio Fiscal creen que las conductas de los ex miembros del Consell "podrían ser constitutivas de delito".

La coordinadora de EUPV, Marga Sanz, ha mostrado su satisfacción por la admisión a trámite de esta querella, en la que se denunciaba la supuesta violación del derecho fundamental a la participación política y la ocultación de documentación y datos públicos.

La querella fue presentada por los que fueron diputados de EUPV en las Cortes Valencianas durante la pasada legislatura, Marga Sanz, Ignacio Blanco, Marina Albiol, Lluís Torró y Esther López Barceló por la denegación, por parte de los exmiembros del Consell, de información solicitada.

La juez de instrucción, según Esquerra Unida, concluye en su escrito que cabría entender que "existe una conducta de dos miembros del Gobierno Valenciano referida a la denegación de información y documentación a determinados diputados de la oposición en las Cortes Valencianas que expresamente habían efectuado solicitudes de información sobre actividades del Consell y que podrían ser constitutivas de delito alegado".

El Ministerio Fiscal, siempre según Esquerra Unida, señala a la exconsellera de Educación, María José Català, y al exvicepresidente, José Císcar, e indica que corresponde decidir sobre su procesamiento al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Entre la documentación incluida en la querella criminal por EUPV, que según este partido fue denegada por la diputada del PP, María José Catalá, se encuentra el plan para el diagnóstico y la revisión técnica de centros escolares públicos de la Comunitat Valenciana y el listado de centros incluido en el mismo, entre otros informes.

En cuanto a la referida a aquella que, según EU, fue denegada por José Ciscar se encuentran los informes trimestrales de opinión pública en el ámbito de la Comunitat Valenciana realizados por las empresas Sigma Dos S.A. y KMC Asesores, así como el contrato de alta dirección entre RTVV y Ernesto Moreno, nombrado en noviembre de 2013 como director general del ente público.

Para la coordinadora de EUPV, Marga Sanz, "se trata de una muy buena noticia, ya que es la primera vez que se da la presentación de una querella criminal de este tipo y que, además, es admitida a trámite".

Es más, -ha continuado- "el hecho de que se dé a entender que, tras lo alegado por Esquerra Unida, existe una conducta por parte de los diputados del PP que podrían ser constitutivas de delito, es una muestra más que el anterior Consell ha estado ocultando información pública de manera consciente y mintiendo a todos los valencianos durante años".

En este mismo sentido, Sanz ha mostrado su esperanza en que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana no demore en el tiempo su pronunciamiento, "ya que estamos convencidos de que no sólo se ha vulnerado el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, sino también la propia Constitución Española", ha concluido.