Ximo Puig mantendrá entes consultivos que cuestan 17 millones de euros al año

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, no aplicará recortes en las entidades consultivas que suponen un gasto para las arcas públicas superior a los diecisiete millones de euros anuales. El jefe del Consell, que ha consagrado su discurso político en el primer mes de mandato en la reclamación al Gobierno de un nuevo modelo de financiación que aporte más fondos a la Comunidad Valenciana, descarta seguir la senda marcada por otros Ejecutivos regionales que han anunciado la supresión de entes asesores duplicados ya que existen organismos que realizan la misma función a nivel nacional.

Puig ha recibido de manos del presidente del Consell Jurídic Consultiu (CJC), Vicente Garrido, la memoria de actividades del organismo, que en 2014 emitió 742 dictámenes.

Algunos, como el de la definición de valenciano, quedaron en papel mojado. Este ente, cuyas tareas son similares a las del Consejo de Estado, supone un gasto anual de 2,43 millones de euros.

El jefe del Consell defendió la continuidad de las instituciones consultivas de la Generalitat porque garantizan la «calidad» de las leyes, también el autogobierno y «la defensa de los intereses de los valencianos y las valencianas». En este sentido, la Sindicatura de Greuges, que se solapa con el Defensor del Pueblo, tiene un presupuesto de 3,33 millones de euros. El Comité Económico y Social autonómico (versión del nacional) tiene consignados 755.000 euros.

Mientras, la Sindicatura de Comptes (similar al Tribunal de Cuentas) percibe 6,6 millones. La nómina de entidades asesoras que el PP trató de reducir y que Puig mantendrá pese a las dificultades financieras de la Generalitat la completan la Academia Valenciana de la Lengua (con un presupuesto público de 2,9 millones de euros) y el Consell Valencià de Cultura, que dispone de 1,4 millones.

A la espera de que este martes se conozcan las inversiones en la Comunidad Valenciana previstas en los Presupuestos Generales del Estado para 2016, Puig reiteró la necesidad de que éstas representen el 11% del total y que se apruebe un nuevo modelo de financiación: « El Consell pasará el muro de la verguenza que impide una financiación justa». Mientras, el secretario general del PP en la provincia de Castellón, Miguel Barrachina, instó a Puig a pedir « que encarcelen a José Luis Rodríguez Zapatero o entregarse él mismo ante la Justicia por ser el culpable de la infrafinanciación que recibe la Comunidad Valenciana».