El Gobierno deja en el limbo el trasvase Júcar-Vinalopó a la espera de aprobar el plan de cuenca

Corría el verano de 2005. En todos los medios de comunicación y en cada acto político -especialmente los del PP- se hablaba de la derogación del trasvase del Ebro a manos del Gobierno del PSOE. Una controversia, aún sin resolver, que logró que pasara desapercibido otro drástico cambio en la política hídrica, igual de trascendental -si no más- para la provincia de Alicante: el cambio de trazado del Júcar-Vinalopó.

El 28 de julio de 2005, la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunciaba la paralización de las obras del trasvase entre Valencia y Alicante, que se encontraban ejecutadas al 50%, para estudiar un cambio de trazado que hasta ese momento nadie se había planteado. Este martes, cuando se cumplan diez años de aquel anuncio, el Júcar-Vinalopó resultante (terminado en 2011) seguirá sin ser operativo, no tendrá aún usuarios, ni un convenio que lo regule.

El plan de cuenca del Júcar vigente seguirá sin darle cobertura, y los objetivos medioambientales que justificaron la fuerte inyección de fondos europeos -más de 200 millones de euros- seguirán sin cumplirse, por lo que Bruselas podría reclamar en cualquier momento su devolución.

El mismo problema que motivó la feroz oposición de los regantes alicantinos y del Consell del PPCV al cambio de trazado en 2005 sigue sin resolverse: el agua del final del río no tiene la misma calidad que en la toma original (en Cortes de Pallás) y el mayor coste energético del trazado diseñado por Narbona la hace demasiado cara para los agricultores.

El pasado mes de abril, tras años de estériles enfrentamientos con el Gobierno socialista y otros tantos de renegociaciones con el Ejecutivo actual, se selló un pacto entre la Administración central y autonómica, los regantes de Alicante, los de Valencia e incluso los de Castilla-La Mancha para incluir agua de Alarcón en el envío. El objetivo era que el consumo en los hogares absorbiese la diferencia de precio del metro cúbico con el trasvase original, de forma que los regantes pudieran acceder al agua de regadío -que seguirá llegando desde la toma en Cullera-.

Riego de socorro

Ese acuerdo, que parecía ser la luz al final del túnel para unos agricultores alicantinos golpeados con especial dureza por la sequía en los últimos dos años, sigue a día de hoy sin ponerse negro sobre blanco. En la práctica, por tanto, es papel mojado.

Según las fuentes consultadas, el marco legal para el trasvase dependerá del nuevo plan de cuenca del Júcar, que en este momento se está ultimando para aprobarse antes de finales de año, y que definirá el régimen jurídico para los próximos 6 años.

En lo que a los regantes del Vinalopó afecta, lo fundamental es que recoja la no garantía de la utilización de sus concesiones: legalmente tienen derecho a 193 hectómetros cúbicos al año, pero sus recursos renovables son de 48, por lo que siguen sin solucionarse los 145 restantes -ni siquiera con el trasvase se compensaría, dado que están previstos solo 15 hectómetros anuales, frente a los 80 del trazado original-.

Con todo, que en estos momentos el Júcar-Vinalopó siga sin «existir» legalmente no significa que la infraestructura esté parada. Según ha confimado ABC, desde el pasado mes de junio se están recibiendo caudales para el regadío en el interior de Alicante, según el acuerdo alcanzado con la empresa pública Acuamed hace dos años.

Entonces se les cedieron 5 hectómetros de agua que se habían almacenado para probar el embalse de San Diego, al final de la tubería -resultó tener fisuras que hoy por hoy siguen sin reparar-, para aliviar la extrema sequía de un puñado de comunidades de regantes.

Este verano tienen derecho a un maximo de 15 hectómetros cúbicos (a un precio muy inferior al que tendrán que pagar por el trasvase) para las zonas con mayores problemas del Vinalopó. Principalmente son cultivos leñosos, que pueden regarse con agua de menos calidad.