Rehabilitar la antigua Fe cuesta 185 millones y demolerla solo 90

La portavoz adjunta del grupo parlamentario popular María José Catalá explicó ayer que la decisión del nuevo Consell encabezado por Ximo Puig de paralizar la demolición de los edificios de la antigua Fe, por ser una operación «carísima», y estudiar la rehabilitación de los mismos, no tiene ninguna base técnica.

Y es que la anterior Administración que lideraba Alberto Fabra empleó buena parte de la legislatura en solicitar informes a auditoras externas para que valoraran el estado de la antigua Fe, que le llevaron a decidir su demolición. De haber seguido gobernando el PP, se habría producido a finales de este año.

Los informes eran todos coincidentes en que el edificio de la antigua Fe «estaba en avanzado estado de deterioro y tiene un alto grado de amianto», explicó Catalá, y por tanto, era más costosa su rehabilitación que su demolición.

En concreto, en el último informe solicitado a una empresa de ingeniería se estimaba en unos 185 millones de euros el coste de una rehabilitación de los edificios, con la retirada del fibrocemento, por la gran complejidad de una actuación de este tipo. En cambio, los costes de construcción de un hospital de nueva planta como el propuesto por la Generalitat -el que sería el nuevo hospital Arnau de Vilanova- se estima en unos 90 millones de euros -demolición y construcción, sin contar con los equipamientos necesarios-.

La también portavoz adjunta del grupo popular Eva Ortiz criticó otra de las decisiones del nuevo Consell como es la decisión de que Turismo no tenga una Conselleria. «Ximo Puig prometió que habría una y con sede en Benidorm y ni está ni se le espera», y lamentó que el 15% del PIB regional no esté representada más que a través de una agencia «que no sabemos ni cómo funcionará».

Por su parte, la tercera portavoz del grupo, Isabel Bonig, lamentó que en el primer pleno del Consell de la legislatura «nos llevamos la sorpresa cuando vimos que el actual Gobierno tripartito tiene, contando al President, 10 consellerias frente a las nueve que tenía el PPCV». También que las secretarías autonómicas «no solo no se han eliminado, sino que hay las mismas, y se establecen 52 direcciones generales frente a las 49 del PPCV». Por ello, recordó que la promesa de adelgazamiento de la Administración «se ha quedado en demagogia».