El Celador de Ancares fue absuelto por un jurado popular
El Celador de Ancares fue absuelto por un jurado popular - ical
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El 87% de las sentencias de asuntos con jurado es condenatoria

Castilla y León es la cuarta comunidad con menos procedimientos de estas características

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Un total de 470 casos han sido tramitados por la Ley de Jurado desde 1996 en Castilla y León. Delitos de incendios, malversación o asesinatos para los que se dictó que se enfrentaran al veredicto de nueve personas anónimas que analizarían la acusación y emitirían el popular «inocente» o «culpable». Concluidos los juicios y tras la sentencia del juez, que tiene la última palabra, la inmensa mayoría de los asuntos desembocan en condena. En concreto, en la Comunidad esta tasa se sitúa en un 87 por ciento, dos puntos por debajo de la media nacional.

Así, se han emitido en las dos últimas décadas más de 315 sentencias, de las que sólo cuarenta fueron absolutorias. Entre ellas, destaca una reciente, y no ajena a polémicas, como fue la del celador de la Reserva de los Ancares, que fue juzgado acusado de prender la mecha de un incendio que arrasó con más de 300 hectáreas en octubre de 2011.

Así lo destaca un informe elaborado por el Consejo General de Poder Judicial, que analiza la evolución de los procesos con jurado desde que concluyó el periodo de aplicación de esta figura a finales de los noventa. Su incorporación implicaba que personas ajenas al sistema valoraran una situación concreta desde fuera y sin una visión contaminada. Para emitir un veredicto de culpabilidad deben concentrar al menos siete de los nueve votos del jurado, mientras que para absolver sólo hacen falta cinco. Se establece, de acuerdo a la ley, una serie de delitos en los que acogerse a este mecanismo, como contra las personas -homicidios y asesinatos-, aquellos contra el honor o contra la seguridad y la libertad, los cometidos por funcionarios públicos de servicio y los de incendios.

A nivel nacional el número de asuntos ha caído a la mitad en veinte años, según destacan desde el Consejo General del Poder Judicial. No obstante, su descenso no le excluye de la actividad en los tribunales. Cabe recordar que uno de los crímenes con mayor expectación de la época actual en la Comunidad, el de la expresidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, se celebrará en la Audiencia Provincial con este modelo.

El número de procedimientos que entre 1996 y 2014 tuvieron entrada en los Juzgados de Instrucción y de Primera Instancia e Instrucción de la Comunidad -y desde 2005 también en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer- deja en los últimos años una tasa de 18,7 casos por cada 100.000 en Castilla y León, que dista de los 23,5 de la nacional, siendo la región una de las que menos casos per cápita ha registrado a través de la Ley de Jurado. En concreto, ocupa el cuarto lugar por la cola, y por delante de Extremadura, País Vasco y Aragón

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