¡Arriba las manos! Llegan los presupuestos

Mientras Canarias sigue siendo una de las comunidades autónomas con tipos impositivos del IRPF más altos, continúa sin bajar el IGIC a niveles anteriores a la crisis y el Gobierno de Fernando Clavijo y Patricia Hernández sigue rapiñando —no por mucho tiempo más— a los muertos con el vergonzoso impuesto de sucesiones, conocemos que los presupuestos públicos para 2016 crecerán a niveles de 2008 y superarán los 7.000 millones de euros. Según el presidente, «el incremento del presupuesto viene definido porque el crecimiento de la economía hace que nuestros ingresos suban en 280 millones y por la refinanciación de la deuda, en la que nos ajustamos al 0,3%. Esto da los 400 millones de euros más».

Algunos podrán pensar que esta expansión de gasto público es una gran noticia para las Islas y su explicación coherente.

Sin embargo, es una losa que carga sobre nuestra economía, que languidece lentamente y que sigue manteniendo a más del 30% de la población en paro. Como dato, el PIB de Canarias ha crecido entre 2003 y 2015 (estimación de la CCE) un 38,5%, de 30.868 millones de euros a 42.768. Sin embargo, el gasto público, es decir, lo que nuestros políticos deciden gastar en nuestro nombre ha aumentado un 54,09% entre los presupuestos de 2003 a los de 2016, pasando de 4.616 millones de euros a 7.113.

Alguien podrá decir que estoy haciendo trampas, pues no estoy teniendo en cuenta el IPC, pero es que este ha aumentado en estos años únicamente el 20,7%. Por esta razón, el presidente canario nos toma el pelo cuando dice que el «incremento del presupuesto» viene del «incremento de la economía».

Lo más triste del asunto es que no vemos a los distintos colectivos del archipiélago poniendo el grito en el cielo porque nuestros políticos, mientras continúan asaltando nuestros bolsillos, vuelven a incrementar el gasto público. No, lo que observamos es cómo muchos empresarios, funcionarios, lobbies, instituciones sociales y distintos grupos de poder se empiezan a pelear por pastar lo más posible del pesebre.

La última polémica es la del «reparto» del ITE. No le falta razón a la Confederación Canaria de Empresarios al afirmar que la triple paridad, es decir, usar como artilugio para asignar recursos públicos una ley electoral —que per se es vergonzosa e injusta—, es no equitativa. Sin embargo, estaría bien sumar a estas denuncias el incremento de los presupuestos.

Mientras no haya una oposición clara al aumento de los presupuestos públicos, nuestros políticos continuarán afirmando que estos tendrán un carácter «social», que es la palabra que sirve de coartada para justificar cada nuevo asalto a nuestros bolsillos.