Coalición Canaria vuelve a defender posiciones abortistas ante la reforma de la ley

Aunque oficialmente sigan diciendo que se otorga «libertad de conciencia» sobre este asunto, lo cierto es que ya hace muchos años que no hay una sola voz en Coalición Canaria que defienda en público la vida frente al aborto. Ahora es la senadora María del Mar Julios, quien cree que la reforma de la Ley del Aborto, propuesta por el PP, es un «paso atrás para las jóvenes» especialmente, dijo, para quienes están en una «peor situación social y económica». Para la representante grancanaria, esta reforma es «producto de la hipocresía» y se ha hecho para «contentar a los sectores minoritarios que promueven el retroceso de los derechos de la mujer en España, en lugar de proteger a las jóvenes», según su criterio.

En 1998, Paulino Rivero aportó su voto para que una propuesta del grupo socialista en el Congreso de los Diputados obtuviera rechazo en el pleno, ya que su dedo apretó el botón del voto número 173, que permitió frenar la iniciativa despenalizadora del aborto, frente a los 172 votos abortistas.

Julios defendió este martes en Comisión el veto a la Proposición de Ley, porque entiende que el nuevo escenario normativo «deja a las menores de 16 y 17 años que se enfrentan a un embarazo no deseado y que precisarán de la autorización de sus progenitores para interrumpirlo dos salidas: la de continuar con el embarazo contra su voluntad o la de recurrir a un aborto clandestino».

El contexto político

La senadora Julios cree que la reforma impulsada por el PP «no es en ningún caso producto de una necesidad real» demandada por la sociedad, sino que a su juicio es «más para contentar a unos pocos que para proteger a las menores».

El giro proabortista en Coalición Canaria se ha apreciado, por ejemplo, en enero de 2014, cuando su grupo político en el Parlamento de Canarias pidió en la cámara la retirada de la reforma de la Ley del Aborto que impulsaba por entonces el ministro Ruiz Gallardón desde el Gobierno de España. En este caso cabe añadir al CCN y al PNC, que formaban parte del grupo parlamentario y que consideraban que estaban ante una reforma «arbitraria y sin sentido, restrictiva y retrógrada que lo único que consigue es atacar los derechos de las mujeres y fomentar la desigualdad».

Julios, además, apeló a la estadística como argumento. Así, aseguró que desde la entrada en vigor de la llamada Ley Aído «no se ha registrado un incremento de interrupciones voluntarias del embarazo en este grupo de edad (16-17 años) y solo una de cada 10 menores que interrumpieron su embarazo lo hizo sola por motivos relacionados con el desamparo familiar».