Ratifican la expulsión de España a un presunto yihadista que residía en Gran Canaria

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (AN) ha ratificado la expulsión de un marroquí residente en Gran Canaria por su presunta pertenencia a «un grupo de ideología salafista yihadista que, por su propia naturaleza, puede ser extremadamente grave para la seguridad nacional», argumenta la sentencia del pasado 3 de junio.

La expulsión del supuesto radical la decidió el secretario de Estado de Seguridad en una Resolución del 19 de julio de 2012, en la que además se le prohíbe la entrada en España por un periodo de diez años y cautelarmente se le retira el pasaporte hasta que salga.

La decisión fue recurrida por el supuesto yihadista, que alegó una serie de razones en su impugnación, como que no había sido detenido, acusado ni juzgado en su país, una vez expulsado de España.

Ahora bien, los jueces de la Audiencia Nacional dejan claro que la resolución del secretario de Estado de Seguridad se basa en un informe-denuncia realizado por la Brigada Provincial de Información de Las Palmas, perteneciente a la Jefatura Superior de Policía de Canarias, fechado el 3 de mayo de 2012, cuyo contenido se amplió después en un segundo informe.

Red de captación

Los agentes relatan con todo detalle que a mediados del año 2008 se detectó en Gran Canaria «la existencia de un grupo radical islámico afín a la Yihad, cuya labor consistía en intentar captar y adoctrinar jóvenes musulmanes en la ideología salafista yihadista para expandir el grupo, así como para intentar perpetrar alguna acción terrorista en España y en el Norte de Marruecos, motivo por el cual se inició la investigación», que acabó judicializada en virtud de DP 289/08 del Juzgado Central de Instrucción Cuatro de la Audiencia Nacional, precisa la sentencia.

Como resultado de dicha investigación, prosigue, en 2009 fue detenido uno de los líderes del grupo, quien después resultaría condenado en Marruecos por formar parte de una organización terrorista suscrito a la «Salafia yihadia», creada para «cometer atentados» y para «seleccionar y formar a personas para cometer estos actos».

Indica la brigada policial en sus informes y respalda la sentencia que, dos años después, en 2011, fue detenido otro de los líderes de la organización terrorista en el sur de la isla acusado de «un presunto delito de enaltecimiento de terrorismo».

Fue expulsado de España ese mismo año otro individuo del grupo, «del cual no existía la menor duda sobre su adscripción» al dicho grupo, aseveran los agentes. Es entonces, en el marco de la llamada «Operación Quijote», cuando la policía descubre que «dentro de este grupo cohesionado y multidisciplinar se encontraba este ciudadano —el recurrente—, cuya función era la de servir de sustento al líder del grupo», el que detuvieron en Marruecos.

De acuerdo con los mencionados informes, el marroquí corría con «los gastos de ambos» y «daba cobertura a la hora de arrendar las viviendas donde residían». También participaba «habitualmente en debates de corte radical, en las labores de captación y proselitismo» y guardaba «documentos o libros sensibles por sus contenidos».

En consecuencia, la Policía determina que el expulsado defendía «la misma ideología salafista yihadista» y que mantenía «contactos con otros individuos afines», por lo que concluyen que era «una persona potencialmente peligrosa».