Los ajustes no han impedido el aumento de empleados en los ayuntamientos de Andalucía y Cantabria

Las últimas estadísticas de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas contabilizan 32.140 empleados entre los siete cabildos insulares y los 88 ayuntamientos de Canarias. Unas cifras que de por sí solo descubren que la mayoría de esos funcionarios trabaja para consistorios de la provincia de Santa Cruz de Tenerife pero en las que subyace un hecho que ha pasado desapercibido: la Administración local del Archipiélago, esto es, los cabildos y los ayuntamientos, ha perdido en los últimos años casi un 25% de sus trabajadores. En otras palabras: las corporaciones insulares y municipales de la comunidad autónoma ya no emplean a una de cada cuatro personas de las que tenían en nómina antes de que la sociedad española enfilara los años más duros de la crisis.

Y para contextualizar esta destrucción de empleo público en las Islas basta con agregar que ninguna de las administraciones locales de las 16 restantes regiones del país ha perdido, en términos porcentuales, tantos funcionarios como la de Canarias.

Al finalizar 2008, el primer ejercicio que discurrió sumido de lleno en las estrecheces, eran alrededor de 41.000, exactamente 41.248, quienes trabajaban en cabildos o ayuntamientos del Archipiélago, según datos oficiales, en concreto los del boletín del Registro Central de Personal del Gobierno. Seis años después, la suma de las plantillas de los consistorios de la autonomía supera por poco los 32.000 empleados. Una caída de más de un 22% que no tiene parangón con las que han experimentado las plantillas de los ayuntamientos y diputaciones provinciales (consejos insulares en el caso de las Baleares) del resto de España. Es más, hay regiones cuya Administración local incluso cuenta hoy con más funcionarios que al término de 2008, como ocurre en Andalucía y Cantabria.

En Andalucía eran poco más de 127.000 las personas en nómina en sus corporaciones municipales y diputaciones a 1 de enero de 2009. Las estadísticas de la secretaría de Estado, cuya última actualización data del pasado enero, desvelan que, justo seis años después, ya son cerca de 139.000. En el caso de Cantabria, donde por su condición de comunidad autónoma uniprovincial no hay diputaciones (como tampoco en Asturias, Madrid, Murcia y La Rioja), sus ayuntamientos han pasado de emplear a, exactamente, 6.021 personas a emplear a casi 6.400. En todas las demás regiones sí se ha reducido, en algunas sobremanera, el número de trabajadores dependientes de la Administración local, pero en ningún caso tanto como en Canarias.

En Aragón hay hoy 17.544 funcionarios en sus ayuntamientos y diputaciones, un 6,3% menos que antes de que la crisis hiciera estragos en los presupuestos públicos; en la Comunidad de Madrid, 53.925 (-15,3%); en la Valenciana, 53.525 (-7,7%); en Castilla-La Mancha, 32.489 (-17,4%); en Castilla y León, 34.867 (-2,3%); en Cataluña, 84.612 (-15,1%); en Extremadura, 25.795 (-12,3%); en Galicia, 27.553 (-12,7); en las Islas Baleares, 14.132 (-11); en La Rioja, 2.235 (-17); en Asturias, 8.798 (-17); en País Vasco, 27.845 (-8,7); y en la Región de Murcia, 12.308 (-17). Por último, los 4.256 que tenía la Administración local de Navarra son ahora solo 18 menos (4.238). En consecuencia, en ninguna autonomía ha alcanzado el recorte de plantillas ni a un 20% de los funcionarios del ámbito local, cuando en Canarias ha afectado a más de un 22%.