El gobierno canario confía en poder rebajar los impuestos en 2017

Un «sí, pero» de buenas noticias en materia fiscal ofreció este lunes la flamante consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, en una de sus primeras declaraciones públicas tras haber tomado posesión hace menos de una semana. La posibilidad de rebajar los impuestos en el Archipiélago la dejó para 2017, al anunciar que en los presupuestos del próximo año, en los que ya se encuentra trabajando la Consejería, no está contemplada la posibilidad de una rebaja en la presión fiscal, más allá de la bonificación al 99% del impuesto de sucesiones y donaciones ya anunciada por el nuevo presidente, Fernando Clavijo, en la sesión de investidura.

«Los impuestos se tocaron en el año 2012 y nosotros no tenemos la previsión de incrementar la presión fiscal», dijo la consejera en una entrevista concedida a la Cadena Ser, durante la que llamó a ver las cosas «con un poco de sosiego, de prudencia para afrontar una rebaja fiscal, pero no de cara al presupuesto de 2016», con lo que deja abierta la puerta para que esta se produzca en 2017, aunque no precisó sobre qué tributos se produciría esta disminución de la carga al contribuyente.

Cabe recordar que en 2012 el gobierno de Paulino Rivero no solo rescató el impuesto de sucesiones y donaciones, que había sido reducido a su mínima expresión cuando José Manuel Soria era consejero, sino que aumentó en un 40 por ciento el tipo del IGIC (Impuesto General Indirecto Canario), al pasarlo del 5 al 7%, además de ampliar considerablemente los epígrafes afectados, como por ejemplo ocurrió en el caso de las telecomunicaciones, que pasaron a tributar con el tipo más alto tras estar bonificadas.

Desde aquella decisión, la recaudación en Canarias no ha hecho sino crecer, pero esto no derivó a una reducción del esfuerzo fiscal trasladado al ciudadano. Clavijo, durante la campaña electoral, anunció que devolvería el IGIC al 5%, aunque más tarde matizó en que solo lo haría si antes había una mejora en la financiación autonómica por parte del Estado.

Durante el ejercicio 2014, la recaudación por el IGIC creció alrededor de una 40% con respecto a 2013, superando los 1.000 millones de euros, mientras que lo reunido por la aplicación del AIEM (Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías) superó holgadamente el 45% de crecimiento, con un aumento superior a los 100 millones con respecto al período anterior.

La financiación

Dávila reclamó «más esfuerzo» al Estado, ya que dijo que la corresponsabilidad «no debe estar solamente entre comunidades autónomas y enfrentar a unas con otras», sino que es partidaria de que «el esfuerzo debe estar, por un lado, en el sistema de financiación autonómica, aunque parezca que el ministro [de Hacienda, Cristóbal] Montoro no abrirá este tema antes de las elecciones generales». Y, por el otro, es cierto que, en su opinión, «tenemos que ir hacia un sistema que sea más transparente».

Más centrada en las responsabilidades que le caben a este nuevo ejecutivo, la consejera de las cuentas públicas llamó a «empezar por hacer la tarea en casa». Esto es, «fijar bien las prioridades de este gobierno y estar todos a una en que esas son las prioridades: la sanidad, la educación, los servicios sociales... atender a las personas para que nadie se quede atrás en la salida de la crisis».

Con respecto a las cuentas del próximo año, reconoció que están ante «un reto muy importante» que no es «solamente de incremento presupuestario -que lo necesitaremos- como de también poder crear mecanismos que le quiten burocracia al sistema», afirmó.