Vía libre para la tramitación de la ILP sobre energías renovables

La iniciativa legislativa popular (ILP) para el fomento de las energías renovables en Canarias no tiene vicios de forma que impidan su tramitación. Cuando menos así lo considera el Consejo Consultivo, que no se pronuncia aún sobre el fondo de la proposición de ley, con la excepción de algunas observaciones, y que se ha limitado, de momento, a estudiar el texto para detectar posibles causas para inadmitirlo. En un dictamen de alrededor de una veintena de páginas al que ha tenido acceso ABC, el Consultivo da finalmente vía libre para tramitar la ILP, una ILP que, entre otras disposiciones, prevé el desmantelamiento de la central termoeléctrica ubicada en el municipio tinerfeño de Candelaria y participada íntegramente por Endesa.

El promotor de la proposición de ley ha sido el Partido Socialista (PSOE) de Candelaria

, que este lunes daba a conocer públicamente la propuesta en un acto en el que el exministro Jesús Caldera y el candidato a la Presidencia del Cabildo de Tenerife Aurelio Abreu acompañaron al alcalde del municipio, José Gumersindo García, y a la aspirante a sucederlo en el cargo María Concepción Brito, quien es además la portavoz de la comisión promotora de la ILP. Ese mismo día, este lunes, el Consejo Consultivo concluía que «no se aprecia que exista causa de inadmisibilidad que impida su tramitación», si bien la institución que preside Carlos Millán incluye en su dictamen una serie de observaciones a la propuesta.

De entrada, repara en que la iniciativa, a pesar de su título («de fomento de las energías renovables en Canarias»), «va mucho más allá del mero fomento». Sea como sea, el Consultivo se detiene especialmente en la disposición transitoria que da un plazo de 24 meses desde la promulgación de la ley para el desmantelamiento de la central termoeléctrica de Candelaria, plazo que, no obstante, podría ampliarse hasta que «esté disponible la infraestructura que la sustituya». No en vano, el Consejo avisa que esa disposición afecta al derecho de propiedad de Endesa, de ahí que el desmantelamiento de las instalaciones, como «es obvio», subraya, «no puede llevarse a cabo de cualquier manera en los términos en que se ha planteado, sino al amparo de un procedimiento expropiatorio con todas las garantías», entre ellas la consecuente indemnización. El Consultivo recuerda al respecto que el Tribunal Constitucional ha cuestionado este tipo de leyes, las «leyes expropiatorias singulares», y sus «rigurosas» condiciones.

En cualquier caso, la institución demora el ahondamiento en este asunto hasta el momento en que tenga que pronunciarse sobre el fondo de la ILP.